¿Qué pasa cuando se vende un producto con fallas de fábrica?

La semana pasada se dio a conocer un fallo en el que una empresa se vio obligada a devolver la plata a un cliente que compró un celular defectuoso. ¿Qué sucede cuando una persona adquiere un producto en mal estado?

Una multa de 4.000 pesos y la devolución de los casi 3.000 pesos que costó el teléfono fue la imposición de la Justicia contra Telecom Personal por vender un celular que no funcionaba y no escuchar el reclamo sobre el mal estado del artefacto. Así lo decidieron los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, en provincia de Buenos Aires.

La Ley 24.240 de Defensa al Consumidor contempla soluciones para estos casos, pero, ¿se apega la Justicia en sus sentencias a estas previsiones? En un repaso de varios casos como el que involucró a la empresa de telefonía móvil, la conclusión cumple con la famosa premisa: el cliente siempre tiene la razón.

Las lecturas que los jueces realizan acerca de esta legislación, pensada para proteger a los consumidores, obligan a los vendedores a responder por defectos en el funcionamiento de los productos. Así sucedió en un caso resuelto por los integrantes de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en octubre de 2013.

En esa causa, los camaristas resolvieron ordenar a la cadena de electrodomésticos Garbarino a indemnizar a un hombre que compró una computadora con defectos de fábrica. Cuando adquirió la máquina, informó a los encargados del local de los desperfectos, pero su reclamo no fue atendido. Además, lo hizo durante la vigencia de la garantía.

Esto implicó que los jueces hicieran un señalamiento sobre la actitud “poco diligente” de la empresa demandada para atender el reclamo del cliente. Al mismo tiempo, remarcaron que el hecho de que la computadora tuviera un desperfecto (que el peritaje demostró que era de fábrica) hacía que no hubiera un plazo de tiempo para que se atienda el reclamo.

El “daño punitivo” o un reto para las empresas

Los casos relativos a productos con fallas de fábrica o por problemas de diferente índole son recurrentes; los reclamos de los clientes en este sentido se multiplican, pero la Justicia cuenta con una herramienta para aplicar un “tirón de orejas” a las compañías que no cumplen con la Ley.

El “daño punitivo” se trata de una multa que se aplica de forma ejemplarizadora, para tratar de modificar la conducta de las empresas cuando se dan casos repetidos en torno a problemas como electrodomésticos fallados. Pero su alcance es en todos los ámbitos en los que un consumidor se pueda ver afectado.

En julio de 2013, los miembros de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul ordenaron a la empresa Whirpool a pagar 11.000 pesos en concepto de daño punitivo, por entregar una heladera fabricada en Brasil y no en Estados Unidos, como había pedido de forma específica la cliente que llevó a cabo la demanda.

En ese fallo se señaló que “el deber constitucional de brindar una información adecuada y veraz se relaciona directamente con la certeza, autenticidad y comprobabilidad de la misma, en función de la disponibilidad de datos que una parte tiene y de la cual la otra –claramente más débil en la relación jurídica- carece”.