Preventiva para hombre violento y pedido de ayuda estatal

Un juez rionegrino procesó con prisión preventiva a un hombre imputado por violencia de género, y en ese mismo fallo solicitó a organismos estatales que se involucren para solucionar el problema.

Cuando se trata de abordar la problemática de la violencia de género no se puede abarcar un solo aspecto: no hay forma de resolver esto apelando sólo a la Justicia, el Poder Legislativo u organismos del Ejecutivo. El trabajo debe ser interdisciplinario, según lo entendió el titular de un juzgado Penal de primera instancia de la ciudada rionegria de Viedma, Carlos Mussi.

El magistrado, además de procesar con prisión preventiva a un hombre señalado como victimario en un conflicto de violencia intrafamiliar, ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro y al Consejo Provincial de la Mujer a que intervengan para ayudar a solucionar el problema. Esto constituye un precedente importante a nivel local.

También es importante resaltar el valor del procesamiento con prisión preventiva dado que medidas de restricción judiciales no en todos los casos son respetadas por los imputados. Esto significa que desoyen las órdenes de los jueces cuando se les pone un límite de acercamiento a las víctimas.

Algunas de las medidas dispuestas por Mussi son la presentación un plan ante el juzgado para abordar la situación y tratar de subsanar los hechos sin poner en peligro a la mujer víctima.

La escalada de violencia se dio de forma rápida en el marco de la relación, ya que la pareja se formó hace menos de siete meses, de los cuales seis fueron en el marco de una convivencia en donde se dieron numerosas denuncias.

El magistrado evaluó que no había más posibilidad, teniendo en cuenta la gravedad y cantidad de denuncias, que dictar la prisión preventiva para el agresor. Pero también entendió que la situación presentaba un marco de urgencia para la intervención del Estado y de la realización de un trabajo interdisciplinario.

Al mismo tiempo, el magistrado solicitó a la fiscalía que llevaba el caso que, a instancias de la Oficina de Asistencia a las Víctimas (OFAVI), se encargue de hacer un seguimiento de la mujer y su grupo familiar, integrado también por sus dos hijos. El hospital local Artémides Zatti y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial también fueron instados a brindar su ayuda.

Mussi relató en su fallo el derrotero de esta historia: la convivencia, la desobediencia de las órdenes judiciales en más de una ocasión y la aceptación de la mujer de promesas de “cambio” de parte de su victimario. La participación de los organismos del Estado fue solicitada para tratar de evitar la revictimización, ya que la denunciante “se encuentra en una situación de vulnerabilidad que puede acarrear consecuencias más graves para su salud física o psicológica”.