El titular del Ministerio Público provincial busca potenciar el rol de los fiscales en la conducción del proceso penal. También anunció que se creará un mapa del delito asociado a un nuevo sistema de denuncias online.

Nacido en Buenos Aires, de madre porteña y padre sanjuanino, sus progenitores se casaron en San Juan. Allí pasó su infancia y adolescencia. La Justicia y la política lo encontraron en Buenos Aires. Estudió Abogacía en la UBA durante la dictadura. Y se recibió un martes 13, en diciembre de 1983, tres días después de la vuelta de la democracia. También jugó de manera casi profesional al fútbol, deporte que llegó a practicar en el club Los Andes de la provincia cuyana. “Jugaba muy bien”, dice Julio Conte Grand, actual titular del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y ex procurador porteño, entre 2012 y 2015.

– ¿Siempre le gustó ser abogado o quería ser otra cosa?

– Todos queremos ser futbolistas (se ríe). Me probé en Boca pero, en vez de jugar, tomé la decisión de seguir estudiando Derecho. También me atraen mucho las matemáticas, y sigo haciendo ejercicios cuando tengo tiempo.

– ¿Qué diferencias hay entre la Procuración porteña y la bonaerense?

– En la provincia el Ministerio Público es un formato que es único en el país. Se reúnen cuatro áreas de gestión: fiscales, defensores, asesores de niños/niñas y adolescentes, y curadores de personas con problemas de salud mental. En territorio bonaerense se juntan los roles que a nivel nacional tiene la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación. En la ciudad, el procurador es el representante legal del gobierno porteño y tiene a su cargo el régimen disciplinario y de sumarios. Es el abogado de la ciudad. En la Justicia porteña, son entes separados y autónomos los ministerios públicos Fiscal, Tutelar y el de la Defensa.

– ¿Qué diferencias encuentra con la gestión anterior en la Procuración?

– Creo que la estructura territorial tan vasta obliga a la coordinación centralizada, con un monitoreo y seguimiento que es el que le quiero dar. En definitiva, pasar del feudalismo al federalismo. Hay 19 departamentos judiciales: cada uno tienen su fiscal general, su defensor y 14 curadores. Coordino 8600 empleados en el ministerio, y 624 son fiscales. La descentralización existe en forma territorial y estamos tratando de brindarle una conducción y un acompañamiento centralizado para que no haya unidades aisladas. Había una tendencia natural, por razones de funcionamiento, a volcarse a relaciones institucionales con municipios o jefaturas departamentales del distrito.

– ¿Qué rol tendrán los fiscales y defensores en su gestión?

– Pretendo que las unidades de fiscales recuperen la iniciativa en las investigaciones. En territorio bonaerense rige un sistema acusatorio que pone en cabeza de los fiscales la acción y conducción del proceso penal. Creo que se había perdido la iniciativa en el primer paso de un hecho delictivo y quiero recuperarlo para los fiscales: eso es la investigación. Por este motivo también queremos reformular el proyecto de Policía Judicial.

Mapa del delito online y Policía Judicial

Dice Conte Grand que la Policía Judicial será un “fuerte soporte” para las investigaciones de los fiscales. Hoy no está en funciones y será, según el proyecto de ley, el “primer eslabón en la escena del crimen”.  La Policía Judicial contará con tecnología de alto nivel, sistemas modernos, con mucha relación con las unidades especializadas dentro y fuera del país. La idea del procurador es acompañar a los fiscales en la primera etapa y articular la tarea con la policía junto a las estructuras científicas.

– ¿El delito puede ir rotando de jurisdicción?

– Vemos un crecimiento mayor del índice de ciertos delitos en algunos departamentos, que obedece a circunstancias diversas: tienen que ver con las estructuras de la Policía Bonaerense, así como con la situación económica. Y cuando hay un combate al narcotráfico se produce un aumento en los hurtos a comercios. Hay una situación que tiene que ver con lo geográfico, con una cierta migración del delito, y hay también una transformación de perfiles delictivos según departamentos judiciales. Trabajamos en conjunto con otros ministerios para la conformación de un mapa del delito asociado a un nuevo sistema de denuncias online, que es muy útil. Lleva un mes funcionando, y ahí se van confirmando estadísticas muy duras que ayudan a definir líneas de política criminal.

– ¿Cómo se define una política criminal en función de la diversidad socioeconómica de la provincia de Buenos Aires?

– En el interior de la provincia hay un perfil diferente de delito. Hay un ejemplo muy interesante: el departamento judicial de Azul, que es cabecera de distrito, tiene tres ciudades grandes con perfiles del delito y también socioeconómicos absolutamente distintos. Azul es una ciudad administrativa-burocrática, Olavarría es industrial y Tandil está orientada al turismo. Estas estructuras tan distintas provocan un perfil muy diferente del delito dentro del mismo departamento judicial. Y generan un ejercicio de estrategia casi caleidoscópico. Eso hace de esta tarea algo muy apasionante para rediseñar la política criminal. No puedo definir una política judicial única para un departamento judicial multivalente.

La vocación de los fiscales y defensores

– ¿Cómo va la conformación del cuerpo de abogados de la víctima?

– El primer paso provisorio, hasta que salga la ley, es la implementación de un plan piloto en cinco departamentos judiciales de la provincia: San Martín, Junín, Mercedes, Necochea y Trenque Lauquen. Habrá dos abogados, con un objetivo final que oscilará entre 200 y 250 abogados en toda la provincia. Estará abocado a los delitos que ponen en riesgo a las personas y la integridad moral, y por violencia de género.

– ¿Cuál es la clave del trabajo en el llano de los fiscales?

– La escena del crimen es muy importante y la capacitación en lo que es la investigación también. Creo que lo fundamental es la vocación muy fuerte por descubrir a los culpables del delito. Veo esa vocación en fiscales, defensores y en algunos policías. Sin ella, no resisten porque hay un estrés muy grande. En especial, en los defensores. Es una tarea muy sensible, con la visita a las cárceles y el trato con personas en situación de encierro.

– ¿Qué le parecen las políticas a reinserción social?

– Muy importantes. Trabajamos en esto. Los defensores tienen la obligación legal de realizar visitas periódicas a las cárceles y a sus defendidos, y nosotros lo monitoreamos. Impulsamos modificaciones a la legislación y recibimos reclamos de organismos de derechos humanos sobre la situación de los detenidos. Y participamos en los eventuales reclamos de conmutación de penas y la situación de nuestras alcaldías en áreas judiciales y comisarías.