Personas con discapacidad auditiva en el Poder Judicial

El Supremo Tribunal de Justicia de Corrientes dispuso la convocatoria a concurso para el ingreso a la Administración judicial de personas con discapacidad auditiva que previamente se encuentren anotadas en el Registro de Aspirantes del Poder Judicial. 

La resolución fue publicada en el Acuerdo Nº 13/17,  por el  cual los integrantes de la Corte provincial llaman a concurso para dicho ingreso en el escalafón administrativo con el cargo de escribiente.

Cumplido el requisito de inscripción en el Registro de Aspirantes,  la participación en la convocatoria se efectúa a través del sitio del Poder Judicial (www.juscorrientes.gov.ar); la evaluación tendrá lugar a partir de las 0 horas del 1 de junio y hasta las 24 horas del 10 de junio de 2017. Es necesario consignar entre los datos requeridos  el correo electrónico del postulante y otro adicional de un contacto. Dicha convocatoria se concreta bajo las condiciones fijadas en la Ley Orgánica de la Administración (LOAJ) y el Acuerdo N° 18/16 del Reglamento de Ingreso al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes de personas con discapacidad.

El proceso de examen se cumple a través de cuatro etapas, en cada una de las cuales los participantes podrán contar con la asistencia de un intérprete de Lenguaje de Señas.

El primer segmento consistirá  en el tipeo de textos en una computadora, que conllevará el copiado de un escrito previamente sorteado. La aprobación de esa prueba dependerá de presentar correctamente un mínimo de 100 palabras, tipeadas en un tiempo de 4 minutos.

Dicha etapa será eliminatoria, por lo que sólo podrán avanzar hacia las fases siguientes quienes hayan obtenido el puntaje mínimo exigido.

La segunda fase constará de un examen teórico, focalizado en temas de conocimiento general de la Administración de Justicia Provincial. Las temáticas que deben tenerse en cuenta son los artículos 178, 179, 188 y 191 de la Constitución Provincial; los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia; los artículos 18, 19, 21, 35 y 37 del Reglamento de Procedimiento de Justicia; los  artículos 70 y 71 del Reglamento de Sumario Administrativo – para el juzgamiento de faltas disciplinarias de los magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial de la provincia y auxiliares de la justicia y, por último, los artículos 5 y 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Ley 21/00-. El tiempo asignado a esta etapa será de una hora.

La tercera etapa consistirá en una prueba de ortografía a través de una PC, en la que se corregirá un texto con errores de índole jurídico. Tendrá una duración de 10 minutos, y el sistema notificará al postulante la puntuación obtenida en el momento.

Por último, los aspirantes demostrarán sus conocimientos en el área de la informática: los puntos a evaluar serán Word Office 2010, Internet  y correo electrónico. La duración será de 30 minutos.

Para aprobar cada una de las etapas se exigirá un  mínimo de seis puntos;  de no obtenerse dicha puntuación, quien concursa será eliminado del procedimiento de selección.

Superada la etapa de examen y definidos los puntajes obtenidos, se determinará qué autoridad pública presidirá la entrevista que se llevará a cabo con los postulantes para establecer si su perfil se adapta a los requerimientos del puesto laboral. Al momento de concretarse la entrevista, el aspirante al cargo de escribiente podrá disponer del acompañamiento de quien habitualmente le brinde asistencia, así como también tendrá la opción de contar con el intérprete en Lenguaje de Señas que designe el Superior Tribunal correntino.

En Corrientes, la Ley 4.478, concerniente al Régimen de protección integral para personas discapacitadas, en el capítulo Trabajo y Previsión social, establece en su artículo 17 que el Estado Provincial –abarcando esta denominación los tres poderes que lo componen-, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal.

También se estipula establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. Dicho porcentaje de cumplimiento obligatorio abarca al personal de planta efectiva,  los contratados en cualquier  modalidad de contratación y  aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Al mismo tiempo, las vacantes que se produzcan en los entes mencionados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten idoneidad para el puesto o cargo que deba cubrirse. Por otra parte, el Estado tendrá entre sus obligaciones la de proveer las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración laboral de las personas con discapacidad.