Para perfeccionar la normativa contra la discriminación

La ley actual fue sancionada en 1988. El tiempo transcurrido y los cambios sociales la desactualizaron en varios aspectos y hay más de una decena de proyectos en el Congreso. Uno de ellos, del legislador Daniel Lipovetzki.

El diputado de Unión PRO Daniel Lipovetzky es uno de los impulsores del proyecto de ley que apunta a la derogación y reemplazo de la Ley Nacional contra la Discriminación (Ley 23.592) que,  promulgada en agosto de 1988, ha quedado desactualizada en relación a los cambios socioculturales que abarcan la lucha por los derechos de las minorías y los colectivos sociales que defienden, por ejemplo, el derecho a la identidad sexual o los valores interculturales.

Se trata del proyecto “Régimen contra actos discriminatorios”, presentado por Lipovetzky en coautoría con otros integrantes del bloque de Cambiemos: Fernando Sánchez, Lucas Incicco, José Patiño y Gisela Scaglia. La iniciativa está en debate en la Comisión de Derechos Humanos, junto a otros proyectos. “Se ha tomado la decisión política de avanzar en conjunto con el resto de las fuerzas para alcanzar el consenso de una ley que hoy es realmente necesaria”, sostuvo Lipovetzky.

“La ley de 1988 fue revolucionaria para el contexto de ese momento. Tuvo un rol fundamental en el proceso de lucha contra la discriminación. Pero ha sido necesario extender sus alcances, porque el concepto de discriminación se ha ido ampliando, y hay que mejorar el acceso a la Justicia de quien se siente discriminado”, explicó el legislador.

Uno de los ítems que contempla la actual ley es que quien denuncia la discriminación tiene que demostrarla, y eso dificulta mucho el avance de los procesos. “Estamos incorporando el concepto de inversión de la carga de la prueba: eso implica que quien está denunciado como discriminador tenga que probar que no quiso discriminar”, señala Lipovetzky.

“La ley de 1988 fue revolucionaria para el contexto de ese momento. Tuvo un rol fundamental en el proceso de lucha contra la discriminación. Pero ha sido necesario extender sus alcances”.

En el artículo 3° del proyecto se establece como discriminatorios aquellos actos que impidan, obstruyan o restrinjan el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, leyes nacionales y provinciales y los tratados internacionales de derechos humanos, bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, lengua, convicciones ideológicas, religiosas o filosóficas, identidad de género, aspecto físico, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, condición social o características genéticas, entre otros conceptos.

Prevenir y educar

“La idea es apuntar a desarrollar políticas públicas para prevenir la discriminación y que no se cometan estos actos. La educación es clave: el proyecto apunta a la ampliación del concepto de discriminación, vinculado a aspectos como la identidad sexual, la cuestión de género, aspectos que hoy tienen vigencia en la sociedad y que suelen salir a la discusión a partir de actos discriminatorios”, puntualizó Lipovetzky.

El proyecto de ley incorpora como obligatoria la difusión de mensajes antidiscriminatorios en espectáculos masivos. Entre las medidas de reparación por el daño discriminatorio, el proyecto propone, además de las indemnizaciones o sanciones que correspondan, realizar campañas públicas de sensibilización y la difusión de disculpas públicas a quienes hayan sufrido algún agravio. También sancionar a los agresores con tareas comunitarias y la asistencia a cursos de derechos humanos.

Uno de los aspectos que todavía deben tratarse en el ámbito legislativo en el diseño de la ley es cómo regular los actos discriminatorios que se cometen en las redes sociales. “Es muy delgada la línea que separa un acto de discriminación en las redes y lo que es afectar la libertad de expresión, que es un valor que hay que defender constitucionalmente. Estamos discutiendo el alcance que se le puede dar a ese concepto”, dijo Lipovetzky.

En cuanto a las penas, la ley en vigencia establece que serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participen en una organización o realicen propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, etnia o color. ”Nuestro proyecto mejora la ley vigente, y de aprobarse, la reemplazará porque no hay ningún concepto de la vieja ley que no esté contemplado en la nueva”, evalúa.

En la Cámara de Diputados coexisten otros doce proyectos sobre el mismo tema, que contemplan incorporar modificaciones a determinados artículos de la ley actual o directamente promover su derogación y reemplazo, mientras que en el Senado el número de proyectos alcanza la cifra de 7. La propuesta del bloque Cambiemos establece al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como la autoridad de aplicación.