Patrocinio gratuito para personas en situación vulnerable

Patrocinio gratuito
Consejo Asesor del Centro de Protección a la Víctima.

El Ministerio de Justicia bonaerense impulsará una ley para crear un cuerpo de abogados que patrocine gratuitamente a víctimas de delitos en situación de vulnerabilidad. Se fundamenta en la necesidad de garantizar el acceso universal a la Justicia, aparte de bajar la litigiosidad social.

Con la idea de que los bonaerenses en situación más vulnerable accedan a patrocinio letrado de calidad, el Ministerio de Justicia provincial impulsó un proyecto de ley para crear un cuerpo de abogados que brinde asistencia gratuita a los denunciantes de un delito.

La iniciativa comenzó a tomar forma en la última reunión del Consejo Asesor del Centro de Protección a la Víctima, por impulso del ministro de Justicia bonaerense, Carlos Mahiques, y otros funcionarios de la cartera.

Si la Legislatura lo convalida, la gobernación provincial deberá abrir una convocatoria para que los abogados y abogadas interesados integren un registro exclusivo para la función. El texto prevé que el ámbito natural de nucleamiento de ese cuerpo letrado debe ser el Colegio de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA).

El programa de patrocinio letrado gratuito en el ámbito de la provincia ya cuenta con una experiencia piloto llevada adelante en octubre pasado -por el entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal,- en los departamentos judiciales de San Martín, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel. Entonces, se articuló por medio del Colegio de Abogados provincial y cuerpos homólogos locales, que no cobraron a los abogados ni los particulares las tasas correspondientes a trámites del proceso.

La reimpulsada medida se sumaría a otras políticas públicas dirigidas a bajar la litigiosidad, como la creación de la mediación comunitaria, un servicio también gratuito que permite resolver en 60 días conflictos relacionados con ruidos molestos, mascotas, medianeras y otras situaciones derivadas de la convivencia.

El volumen de estas causas es una de las principales razones del déficit de acceso a la justicia, según la cartera que dirige Mahiques.

En el encuentro que tuvo lugar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires a comienzos del mes se retomaron además algunos proyectos e ideas de organizaciones que defienden a víctimas de delitos en general.

Los derechos y facultades de las víctimas -enumerados en el artículo 83 del Código Procesal Penal- tienen como principio rector que todos los ciudadanos y las ciudadanas deben “recibir un trato digno y respetuoso”, en tanto que, específicamente en materia de acceso, fija como obligación del Estado asegurar la posibilidad de consulta de toda documentación referida a denuncia de forma “clara, precisa y exhaustiva”, del mismo modo que “reclamar por demora o ineficiencia” ante un tribunal superior.

De cara a acortar distancias entre el Poder Judicial y el denunciante insta a “que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento”; y “a la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible” con el proceso, “la protección de su seguridad, la de sus familiares y testigos”.

Las víctimas de delitos o sus familiares pueden “requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia

En los procesos por lesiones dolosas, “cuando la convivencia entre víctima y victimario haga presumir la reiteración de hechos”, el juez podrá disponer exclusión o prohibición del ingreso al hogar.