Para qué servirá concretamente la futura Ley del arrepentido

Los imputados podrán obtener reducciones en sus penas a cambio de información.

El Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de reducción de penas para quienes brinden información de relevancia sobre delitos en los que participaron. 

En el marco de una serie de proyectos que se están desarrollando en el Poder Ejecutivo para luchar contra la corrupción, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), afirmó que se elaborará y enviará al Congreso un proyecto de ley para crear la figura del arrepentido que el presidente Mauricio Macri anunció durante la apertura de sesiones legislativas el pasado 1 de marzo.

Quienes hayan cometido un delito junto a otras personas tendrán la posibilidad de negociar la reducción de su pena si brindan información que ayude a condenar a sus cómplices.

Esta iniciativa fue muy discutida en nuestro país, y cuenta con varios precedentes tanto a favor como en contra. Alonso señaló que este proyecto, de momento, aplicaría para los casos de corrupción, donde es común que algunos ex funcionarios decidan brindar información por, precisamente, su arrepentimiento por el delito cometido.

En noviembre del año pasado, en un encuentro realizado por el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, el ex fiscal y diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Manuel Garrido, defendió la creación de esta figura: “La corrupción tiene como una de sus características que se da en un marco de ocultamiento. Por eso es difícil la detección de estos hechos si no hay incentivos para que esa información salga a la luz”.

Una de las críticas que realizó a la administración de la ex presidenta Cristina Fernández fue no incorporar la figura del arrepentido en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, cuya entrada en vigencia se encuentra aplazada por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Esta herramienta permitió que se resolvieran casos de una gran trascendencia institucional, como sucedió en la causa “Lava Jato”, en Brasil, donde el aporte de un “arrepentido” permitió desentrañar una red delictiva que operaba en connivencia con autoridades de la empresa estatal Petrobrás; o numerosas causas contra el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori; y el escándalo de “Mani Pulite” de Italia, en 1992.

En febrero de 2000, el Senado de la nación sancionó la ley que incorporaba esta figura para los casos de terrorismo y narcotráfico. Y la discusión sobre su uso para los casos de corrupción ya tenía algún tiempo, debido a que varias propuestas en ese sentido habían sido descartadas durante la gestión del ex presidente Carlos Menem.