El pago a Telleldin: para los fiscales, está probado que hubo peculado

Roberto Salum, representante el Ministerio Público Fiscal, señaló que ni el ex juez Juan José Galeano ni el ex titular del SIDE, Hugo Anzorreguy, desconocían el origen de los 400 mil dólares que recibió Telleldín por su declaración armada. El jueves sigue la fase de alegatos.

La segunda parte del alegato final de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA concluyó en la mañana del lunes lo que había empezado el jueves último.

En el debate, los jueces del Tribunal Oral federal 2 deberán decidir qué responsabilidad le cabe a cada uno de los trece imputados por el desvío y ocultamiento de la verdad, en especial de la llamada “pista siria”, y en el pago al imputado Carlos Telledin para que preste una declaración indagatoria previamente acordada, tal como se investiga en este proceso.

En particular sobre el peculado -un delito que se configura cuando es desviado dinero del Estado para un uso indebido- es sobre el que se centró el fiscal Roberto Salum: Mencionó a cada uno de los acusados que intervinieron en la operación de la extinta Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) comandada por Hugo Anzorreguy, quien estuvo presente en la sala.

En líneas generales dio por probado el delito para todos los acusados: Anzorreguy como autor, por haber dispuesto de esos fondos, y el resto como partícipes necesarios del desvío.

Esa figura le cabe, dijo Salum, al ex juez Juan José Galeano, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, al ex agente de Inteligencia y coordinador de la “Sala patria” Patricio Finnen y a quienes recibieron el pago: Carlos Telleldín, su ex pareja Ana Boragni y el entonces abogado Víctor Stinfale.

También acusaron a Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, de participar de manera secundaria del peculado, al haber tenido conocimiento de la operación y haber apoyado al exjuez en todo momento.

Según señaló la fiscalía, se aprecian contradicciones entre las declaraciones de los dos responsables principales de la operación: el titular del juzgado federal 9 y el secretario de Inteligencia.

Por un lado, Galeano sostuvo que el pago era legal y que nunca se probó de dónde salieron esos recursos pero que la iniciativa fue de Anzorreguy. Mientras que éste dijo que se trató de una “colaboración judicial” que requirió el entonces juez. Ambos descargaron las culpas en el otro.

“Anzorreguy no podía desconocer lo ilegal de pagarle a un imputado para que declare, algo que no está permitido por el Código Procesal Penal”, sostuvo el fiscal, y lo mismo le achacó a Galeano.

Por otra parte, los representantes del MPF señalaron que son inverosímiles tales dichos de los acusados y lo argumentaron con pruebas que demostrarían que todos conocían el origen de los 400 mil dólares. Entre ellas, llamados telefónicos entre los ex fiscales y personal de la SIDE que participó en la operación y entre Stinfale y el entonces abogado de la DAIA el día del pago; testimonios de los propios funcionarios de inteligencia que reconocieron que el dinero era para comprar determinada declaración; y conversaciones que surgen d escuchas telefónicas entre Telleldín, su pareja y su abogado.

Los fiscales anticiparon que la audiencia siguiente tratarán los delitos de coacción a testigos y luego las privaciones ilegales de la libertad de los entonces policías bonaerenses. Los ex efectivos policiales, que son querellantes en este juicio, estuvieron detenidos por el atentado a la AMIA a partir de la declaración consensuada entre Telleldín con Galeano previo al pago.