Santiago Otamendi fue elegido vicepresidente del GAFI

El secretario de Justicia, Santiago Otamendi, fue elegido vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental que promueve el diseño y la aplicación de políticas públicas operativas y eficaces para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El plenario del GAFI, reunido en Busan, Corea, eligió a Otamendi como vicepresidente de la organización por el período de un año, de julio de 2016 a julio de 2017, para acompañar en su gestión al presidente designado Juan Manuel Vega, de España.

El presidente saliente del GAFI, el coreano Je Yoon Shin, felicitó a Otamendi por su elección y expresó su beneplácito. También, en nombre del plenario, le deseó éxito en sus importantes funciones.

Se trata de la primera vez que un argentino ejerce una función jerárquica en el GAFI. Según el esquema establecido en la organización, el vicepresidente del Grupo ejercerá el cargo de presidente cuando haya finalizado el primer año de su gestión.  Es por esto que Otamendi se desempeñará como presidente del organismo en el período de julio 2017 a julio 2018.

Por su parte, el embajador Eugenio Curia, coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se desempeña como vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde enero de 2016.

Santiago Otamendi es abogado especialista en Derecho Penal. Entre otras labores se ha desempeñado como consejero en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; juez Penal, Contravencional y de Faltas y director de Relaciones Internacionales de la Federación Argentina de la Magistratura. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Justicia de la Nación.

El GAFI es un organismo intergubernamental fundado en 1989 con el objetivo de promover la implementación de medidas regulatorias para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las “Recomendaciones del GAFI” se han convertido en el estándar internacional para generar políticas públicas que los Estados miembros adaptan a sus propios marcos normativos.