Anatomía comparada de los entes anticorrupción en América

El análisis de ocho casos concretos de organismos de ética pública en América devela las similitudes con la Oficina Anticorrupción: Sus rangos varían desde el ministerial hasta el de consejo consultivo, y sus designaciones son siempre propuestas por el Ejecutivo.

Contralorías, consejos, comisiones, secretarías, juntas y, claro, oficinas son algunas de las formas que los organismos anticorrupción toman en los diferentes países, pero en todos los casos con la misma misión: velar por la aplicación de las políticas de ética pública vigentes, al tiempo que combatir los delitos contra el Estado. Son entes auxiliares del Gobierno, por eso son designados por los jefes de estado. Lo que sigue es una breve recopilación, elaborada por la Oficina Anticorrupción, sobre esas instituciones en ocho países americanos.

El caso más cercano es el de la República Federativa de Brasil, en donde la Contraloría General de la Unión (CGU) da trámite a las denuncias relativas a lesiones al patrimonio público, al tiempo que asiste a la Presidencia en la defensa de sus bienes, el control interno, la auditoria pública, la corrección, la prevención y la lucha contra la corrupción y el incremento de la transparencia de la gestión. Tanto la nominación como la exoneración de esa jefatura es una facultad irrestricta del primer mandatario, tal cual ocurre en Argentina, Chile, México, Guatemala y Colombia.

Complementariamente, el país amazónico cuenta con la Comisión de Ética Pública, un órgano consultivo que depende directamente de Presidencia y está integrado por siete funcionarios (también escogidos por el Presidente) y el Consejo de Transparencia Pública y Combate a la Corrupción, que sugiere medidas de perfeccionamiento de los sistemas de control, así como estrategias antiimpunidad (vinculado a la CGU, presidido por su titular e integrado por 20 miembros representantes de la Administración Pública Federal y la sociedad).

En Chile también existe una Contraloría General (de la República, por su nombre completo) cuyas funciones consisten en el control de la legalidad de los actos de la administración central y la fiscalización del ingreso e inversión de los fondos fiscales del orden tanto nacional como municipal. Así, también examina y juzga las cuentas de las personas que tienen a su cargo bienes de esas entidades y lleva la Contabilidad General de la Nación. Su rol fiscalizador alcanza a las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios públicos.

Los consejos para la Transparencia y de Auditoría Interna General de Gobierno son dos de las instituciones en las que descansa para su tarea: El primero promueve campañas de transparencia y garantiza el derecho de acceso a la información pública, mientras que el segundo tiene a su cargo el perfeccionamiento de los sistemas de control y el desarrollo de nuevas estrategias de lucha contra la corrupción y la impunidad. En el país trasandino, esta última carga pública se ejerce ad honorem.

Estados Unidos tiene un sistema más simple, pero que funciona en el mismo sentido: la Oficina de Ética de Gobierno supervisa al Poder Ejecutivo, propone normas sobre conflictos de interés y ética en el ejercicio de la función pública, monitorea el cumplimiento de los requisitos de declaración financiera de libre acceso de los funcionarios y revisa sus estados financieros para revelar posibles violaciones a las regulaciones.

Aunque requiere del visto parlamentario, el director de la OGE (por sus siglas en inglés) es designado por el Presidente y por cinco años, similar a lo que sucede con la Junta de Transparencia y Ética Pública uruguaya, cuyo triunvirato constitutivo es designado con acuerdo de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Ministros y triunviratos

La Secretaría de la Función Pública es la responsable, en México, del control de los recursos financieros, materiales y humanos para detectar y corregir deficiencias de la propia administración. Es una “instancia de control al interior del Poder Ejecutivo”, según los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

Ella registra las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos e investiga las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas y aplica las sanciones y denuncia ante el Ministerio Público.

En Guatemala, la correspondencia entre el Ejecutivo y el organismo abocado a la lucha por la transparencia queda plasmada ya desde el nombre: La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico es quién coordina la aplicación de las medidas derivadas de las convenciones internacionales, así como los temas de gobierno electrónico y abierto y combate a la corrupción.

En Colombia alcanza el rango de secretaría de Estado: su denominación formal es Secretaría de Transparencia, y es una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia. Asesora y asiste en el diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, tiene a su cargo la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización y su máxima autoridad, el Secretario de Transparencia, es nombrado por el Presidente.

En el caso boliviano, hasta comienzos de 2017 se trataba de un Ministerio (de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, tal su nombre hasta la modificación) pero que pasó a fusionarse con su par de Justicia (ahora de Justicia y Transparencia Institucional) y el área específica quedó en manos de un viceministro.