Observatorio regional para la igualdad ante la Justicia

El ente regional determina el grado de confianza que tienen los ciudadanos latinoamericanos en el sistema de Justicia. Busca contribuir a la confección de políticas públicas más efectivas y basadas en datos mensurables.

Recogiendo experiencias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México y Paraguay, a través de la coordinación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), se puede determinar el grado de confianza que tienen los ciudadanos latinoamericanos en el sistema de justicia. Esa es la tarea del Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), que se puso en funcionamiento en septiembre último para contribuir a la confección de políticas públicas más efectivas y basadas en datos mensurables.

Así, mientras en Colombia, por ejemplo, se estimó que ante un conflicto de naturaleza jurídica sólo un 31.9 por ciento de los ciudadanos acudió a una autoridad del Estado o particular, en la Argentina esa tasa disminuyó: el 22.9 por ciento creyó “útil” acudir a la Justicia. El dato fue consignado en un estudio del año último elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia.

El OCCA inició su tarea el 18 de septiembre con un grupo coordinador integrado por profesionales de CEJA. Se encargan de la coordinación, sistematización de información y elaboración de una comunicación estratégica de los resultados que recolectan organizaciones de la sociedad civil de ocho países de la región.

En el marco del proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina, y con el apoyo de Global Affairs Canada (GAC), participan el Grupo de Investigación de Derechos Fundamentales de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras.

20160818_Gente_Patrick_02Según el director de Estudios y Proyectos de CEJA, el chileno Marco Fandiño, el “objetivo es generar información de alto impacto social acerca de los conflictos civiles que afectan a millones de personas” en la región”, al mismo tiempo que se monitorean “en profundidad las características que presentan los conflictos”.

Durante esta primera etapa, explicaron, se observarán conflictos divididos por temática: vivienda y tierras, consumo, familia, dinero, convivencia comunitaria y salud. En ese proceso, se destaca la tarea de identificar las “barreras de acceso a la justicia”.

Problemas regionales

En un primer relevamiento tras su puesta en marcha, el organismo regional detectó dificultades para acceder a la “información” del funcionamiento de la Justicia. Asimismo, “barreras económicas, geográficas y arquitectónicas, culturales y lingüísticas, y de género” también se reiteraron en todos los países revisados.

“Confianza, eficacia, eficiencia, excesivo formalismo y burocracia” fueron también parte del universo de palabras que describieron la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre los tribunales.

A través del canal con las organizaciones no gubernamentales, el observatorio estudiará “la conflictividad civil y el acceso a la justicia” de poblaciones en situación de vulnerabilidad por razones de “estatus migratorio, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, pobreza, género y orientación sexual, y pertenencia a minorías”, explicó Fandiño que trabaja en la sede del organismo regional en Santiago de Chile.