La ley 27.375 establece que los condenados por delitos graves tendrán mayores restricciones para ser excarcelados u obtener salidas transitorias. Además, fija la posibilidad de que las víctimas sean informadas si el ofensor accede a algún beneficio que modifique su privación de libertad.

Homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, robo con armas, secuestro extorsivo seguido de muerte y tortura seguida de muerte son algunos de los delitos graves contemplados en la nueva legislación sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad. Esto significa que quienes estén condenados por estos hechos deberán cumplir sus condenas, sin posibilidad de acceder a los beneficios mencionados.

La ley 27.375 fue sancionada el 5 de julio pasado, después de algunas idas y vueltas entre las cámaras de Senadores y Diputados por las discusiones acerca de qué delitos debían ser alcanzados.

Es una norma modificatoria de la ley 24.660 (Ejecución de la pena privativa de la libertad), donde se plasma la “progresividad” de la pena, es decir, se establece el seguimiento del condenado, su conducta, y, finalmente, en qué grado ha logrado “readaptarse” a la sociedad tras el encierro.

La modificación introducida radica en que no podrán acceder a las salidas transitorias o excarcelaciones quienes hayan cometido alguno de estos delitos: homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte, tortura seguida de muerte, robo con armas o en despoblado y en banda, secuestro extorsivo seguido de muerte, trata de personas, violaciones a la ley antiterrorista, financiamiento del terrorismo, contrabando agravado y producción y comercialización de estupefacientes.

Al mismo tiempo, las víctimas de esos delitos tendrán derecho a saber si sus victimarios acceden a salidas transitorias, un régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión “discontinua” o “semidetención”, libertad asistida o a un régimen “preparatorio para su liberación”.

Las víctimas, al momento del dictado de la sentencia, deberán ser consultadas por el tribunal acerca de sus deseos de conocer la situación procesal de los condenados, es decir, si quieren recibir notificaciones acerca del acceso del victimario a un régimen de semilibertad, por ejemplo.

Al mismo tiempo, las decisiones sobre salidas transitorias, otorgamientos de prisión domiciliaria, suspensión de juicios a prueba (cuando no hay juicio con el compromiso del acusado de llevar a cabo diferentes actividades ordenadas por el juez) y otras disposiciones deberán ser informadas al Registro Nacional de Beneficios u otras Medidas Procesales (Renabem), de modo que haya una constancia al respecto.