Nuevo director de investigaciones en la OA

Se trata del especialista en Derecho penal Ignacio Irigaray, designado al frente del área responsable de llevar a útimas instancias las denuncias que llegan ante la Oficina Anticorrupción.

La Oficina Anticorrupción (OA), el ente abocado a escrutar los actos de los funcionarios que podrían estar reñidos con la ley, cuenta con nuevo director para el área de Investigaciones.  Se trata de Ignacio Irigaray, un abogado especializado en Derecho penal que ya asesoraba al organismo comandado por Laura Alonso.

Irigaray fue designado como nuevo Director de Investigaciones a través del Decreto 303/2017 firmado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

En su currículum de abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se enumeran también sus responsabilidades como coordinador de Programas del Consejo de Seguridad Interior en el ámbito del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y director Nacional de Información para la Prevención del Delito (Secretaría de Seguridad Interior). También trabajó en el Fuero Criminal de Instrucción del Poder Judicial y en el Ministerio Público.

Las principales funciones de la Dirección de Investigaciones son recibir denuncias, investigar y formular las denuncias penales, siempre que detecte delitos contra la Administración Pública. Entre sus facultades se cuentan la de asumir el rol de querellante en algunas causas penales

Mora Kantor, directora de Planificación de Políticas de Transparencia (OA)
Mora Kantor, Planificación de Políticas de Transparencia (OA)

Esta designación se suma a la de la otra Dirección que articua el trabajo de la OA, de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT). Se trata de la Licenciada en Ciencia Política de la misma casa de estudios, Mora Kantor, quien asumió en enero último pero desde marzo de 2016 colaboró como asesora. Previamente, Kantor fue comunera por la Junta 15 (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) entre 2015 y 2016.

La DPPT elabora políticas de prevención de la corrupción, controlar las Declaraciones Juradas (DDJJ) de funcionarios, analizar posibles conflictos a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y cooperar con organizaciones no gubernamentales y el sector privado en materia de transparencia y ética pública.