Nuevo avance en el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad

Se aprobó en la Legislatura porteña una normativa que transfiere algunos delitos penales desde la Justicia Ordinaria Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se podrán juzgar actos como el cohecho, lesiones o actos discriminatorios.

El traspaso de la Justicia nacional a la órbita porteña se estableció en el artículo 129 de la Constitución Nacional. La reforma de 1994 dispuso la autonomía política de la Ciudad y le confirió facultades propias en materia legislativa, jurisdiccional y de administración.

Así, dado que la jurisdicción capital ya contaba con un Fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) y otro Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF), con juzgados de primera instancia, cámara de apelaciones y un Superior Tribunal de Justicia, así como los organismos judiciales que la completan -el Consejo de la Magistratura local y los ministerio públicos Fiscal y Tutelar y de la Defensa-, se estableció por la ley nacional 26.702 sancionada en 2011 que la competencia penal sea trasferida a la justicia nacional.

Se le trasladó, entre otras, la obligación de impartir justicia ante delitos como lesiones, duelo, abuso de armas, violación de domicilio, incendio y otros estragos, así como tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional.

En tanto, también se investigará y juzgará la penalización de actos discriminatorios y los delitos y contravenciones surgidos en el ámbito del deporte y los espectáculos deportivos. Y la última semana la Legislatura porteña votó la aceptación de esta normativa.

Así, los delitos contra la administración pública ocurridos en el ámbito de la Ciudad también pasarán de la órbita nacional a la porteña, cuando, según el texto aprobado en el cuerpo legislativo local, se “tratare de actos cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales”.

Estos delitos son el “atentado y resistencia contra la autoridad, falsa denuncia de delitos, usurpación de autoridad, títulos u honores, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, violación de sellos y documentos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato, denegación y retardo de justicia, falso testimonio, evasión y quebrantamiento de pena”.

También se transfieren los delitos contra la fe pública como la falsificación de sellos, timbres, marcas y documentos, y los vinculados con competencia pública local: delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual, delitos contra la libertad de trabajo y asociación, entre otros.

Quedan excluidos de la transferencia los que poseen competencia federal como el contrabando, delitos contra el fisco nacional, narcotráfico, trata de personas o secuestros extorsivos, entre otros.

Historia del traspaso

Desde el año 2000, que se comenzó con el traspaso de las competencias penales a la Ciudad en un proceso que culminará el 1 de enero de 2019, según la primera cláusula transitoria de la ley aprobada recientemente.

En diciembre de 2000, se transfirió la investigación y el juzgamiento de los delitos de tenencia y portación de armas. En 2004, se votó un segundo convenio de “lesiones en riña, abandono de personas, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños y ejercicio ilegal de la medicina”.

Seis años después, el Congreso Nacional ratificó la última transferencia mencionada a través de la ley 26.702, ratificada este año por la Legislatura porteña y en 60 días debe celebrarse el “Convenio de Reasignación de Recursos Financieros” para asignar el correspondiente presupuesto para poner en funcionamiento.

En enero, el presidente Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron el “convenio de traspaso de la Justicia ordinaria federal a la órbita de la Ciudad”.

La Legislatura porteña dio este paso más reciente y lo que resta es que el Congreso Nacional apruebe los proyectos de ley en trámite sobre las transferencias progresivas de la Justicia Nacional Ordinaria Penal, Relaciones de Consumo, Transferencia de Facultades y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia.