Marcos Salt, Coordinador del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática

“Nuevas técnicas para investigar delitos complejos”

Profesor de Derecho penal y procesal penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA),  especialista en investigaciones contra criminalidad Informática, el funcionario detalla los alcances del proyecto en ese tópico.

¿Qué cambios se prevén en cuanto a los delitos informáticos ? 

-La reforma prevé una herramienta muy moderna y discutida en el mundo que es la utilización del programa de “Acceso remoto a sistemas informáticos”. Por ejemplo: si investigo a una banda de criminalidad organizada acusadas de lavado de dinero y estoy seguro de que las pruebas están en el sistema que utilizan los delincuentes pero se encuentra encriptado o almaceando en dispostivos externos para los caules no tengo las claves, puede suceder que un allanamiento y el secuesto de los dispositivos no me sirva para nada. Es en este tipo de supuestos, donde en el mundo se utilizó y se utiliza el acceso remoto. Es una técnica muy importante contra las medidas de seguridad informáticas de los criminales, pero que debe estar dotada de una fuerte protección de garantías para proteger la intimidad y un uso abusivo por parte del Estado. En tanto, pensando en lo delitos en general, el Ministerio de Justicia de la Nación trabaja en una profunda reforma de las normas sobre evidencia y prueba para prever todas las medidas necesarias que permitan la investigación en entornos digitales. Hoy en día, todos los códigos procesales están pensados para la prueba física, y hay que adaptarse a las normas para usar eficientemente los datos lectrónicos o informáticos como prueba.

¿Hay previstas nuevas herramientas de investigación?

-El proyecto tiene un destacado sobre las medidas especiales de investigación (agente encubierto, informante, diferimiento de medidas, vigilancia y prórroga de jurisdicción) que según parámetros internacionales deben resguardar el principio de proporcionalidad en la utilización en el marco del proceso penal.

-¿Cómo es su efectiva implementación?

-El éxito de un programa de reforma procesal a nivel federal depende de varios  aspectos fundamentales que exceden el texto del CPP. Una buena organización de la implementación, el fortalecimiento de los organismos de administración de los tribunales (cambios en los sistemas de administración burocrática de las estructuras judiciales, profesionalización de la administración con oficinas especializadas que squen esta tarea a los jueces, etc.), y la capacitación de operadores generando un cambio cultural. Esos son los desafíos más que importantes.

¿Este cambio cultural va de la mano de la tecnología?

-Lo principal para el cambio cultural de la justicia es que rija un sistema acusatorio con técnicas orales dejando de lado expediente escritos y con sistemas de administración modernos. Basados en criterios de eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos. Lo importante para el ciudadano es entender la distinción de cada uno de los roles en la justicia: el juez protege garantías individuales en el marco del debido proceso, y el fiscal acusa. Una justicia debe ser más rápida y alcanzar soluciones reales y en tiempoas adecuados frente al conflicto. Asimismo, la oralización favorece la transparencia.

-¿Es una reforma que en términos generales tiene ejes claros? 

-El primer aspecto que tiene que ser destacado desde el punto de vista político criminal es la decisión política de continuar y profundizar a nivel nacional  tendiendo a la implementación  del sistema acusatorio de enjuiciamiento. Esta continuidad de una línea de política criminal estatal es muy importante. La decisión de cambiar de paradigma de enjuiciamiento debería influir también en todos los aspectos de la legislación penal argentina tendiendo a una política general coherente de largo plazo. El proyecto enviado por el PE, en esa línea de trabajo, tiende a mejorar el proyecto anterior, pensando en un código procesal sólo para delitos federales de mayor complejidad, con la idea de concretar finalmente el traspaso de la justicia ordinaria a la CABA.  Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la regulación de medios especiales de investigación pergeñados para permitir la investigación eficiente de delitos que tienen especial complejidad ero cuya utilización no estaría justificada en la investigación de delitos de menor envergadura. En este sentido, concretar el traspaso de las competencias ordinarias a la justicia penal de la CABA pasa a ser un elemento fundamental de la estrategia global. Si este paso no se concreta, debe quedar claro que las nuevas medidas de investigación están previstas sólo para delitos de especial gravedad y complejidad que así lo justifican. Son medidas expcecionales que deben ser utilizdas con especial cuidado y respetando el princpio de proporcionalidad.