Nueva ley mendocina obliga a presos a trabajar

Aprobaron en Mendoza una ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles. El proyecto lo impulsó el gobernador y fue aprobado en ambas cámaras por amplia mayoría.

El objetivo principal de la norma es terminar con la ociosidad, y capacitar a las personas privadas de su libertad para que trabajen tanto en la prisión como afuera, lo que contribuye a reducir la reincidencia. tal como se indica en el artículo segundo: “tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, como así también comprenda la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto”.

Con esto, se reformó el Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza Ley 8465, algo propuesto inicialmente por el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, en la apertura de sesiones ordinarias.

Tras la votación en la Cámara de Senadores, Miguel Bondino destacó la importancia de la iniciativa del Ejecutivo y afirmó que la misma procura mejorar la seguridad pública, dentro de un proceso de “cambio de paradigma” con el fin de  “bajar la reincidencia de los condenados de la Provincia”.

La obligación de trabajar, según la reforma, será para el preso condenado, lo que le permitirá “una vida mejor para él y para quienes se encuentren en derredor, pero a su vez para estar mejor preparado para volver a la sociedad, para que ésta pueda recibirlo y tenga conocimientos que le permitan trabajar legalmente”.

Además, acorde a la legislación, por primera vez se convoca a las víctimas del delito a participar de los procesos que generen decisiones sobre la situación del condenado, como parte también del sistema de reinserción.

Ese sistema contempla, según el texto, la introyección en el rol de las víctimas y la retribución a las mismas, así como la capacitación y educación del reo sobre el respeto por sí mismo y la voluntad de vivir conforme a la ley.  “Los derechos de la persona privada de libertad serán  equivalentes  a los derechos de los ciudadanos de la provincia de Mendoza, siempre que se encontraren en condiciones de igualdad”, reza la norma.

Si bien algunos legisladores se opusieron a la reforma, el consenso se mantuvo entre la mayoría. El diputado Pablo Priore (PRO), por ejemplo, sostuvo que la participación de las víctimas en las causas y que sean resarcidas “es muy positiva” para que el preso “logre la comprensión del daño causado”. Y, por su parte, Mario Diaz (FPV) afirmó que sería “un error profundo” negarse a este “proceso de cambio cultural en la penitenciaría”.