Nueva jornada de alegatos contra Galeano en la causa AMIA

La fiscalía insistió con la acusación a Galeano y los entonces fiscales por coaccionar para que algunos testigos declararan en contra de Telleldín, el último tenedor de la camioneta que explotó en la sede mutual.

Los integrantes de la Unidad Fiscal AMIA continuaron con su alegato en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, donde se investigan desvíos e irregularidades cometidas en el marco de la causa por trece imputados, entre los que se encuentra el ex presidente Carlos Menem, su titular de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el entonces juez instructor Juan José Galeano.

En línea con el tramo expuesto el lunes pasado, el fiscal Roberto Salum siguió explicando ante el Tribunal Oral Federal 2 por qué consideran que se privó ilegalmente de la libertad a policías bonaerenses que supuestamente le habían quitado de las manos a Carlos Telleldín la Trafic que explotó en la AMIA.

Esa hipótesis se cimienta en una declaración indagatoria previamente acordada entre Galeano y el imputado Telleldín para que éste involucre a un grupo de policías liderados por el comisario Juan José Ribelli con el atentado, a cambio de 400 mil dólares.

En esta audiencia la fiscalía se enumeró otros episodios que le resultaron irregulares y sustentó la imputación contra el entonces magistrado y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia por las detenciones ilegales.

Salum le recordó a los jueces lo declarado por los entonces agentes bonaerenses que son querellantes, muchos de los cuales estuvieron hasta ocho años presos por el atentado hasta que fueron absueltos en el juicio oral ante el TOF 3.

Mencionó, por ejemplo, el caso del policía Alejandro Burguete, quien -como al resto del grupo- fue los enviados del juzgado le ofrecieron la libertad a cambio de declarar contra el comisario Ribelli y relacionarlo de alguna manera con la camioneta. Burguete fue el único que accedió a ese ofrecimiento con la complicidad de su abogada, Marta Parascándalo, quien también está imputada en el segundo tramo de la causa por encubrimiento que irá a juicio oral, junto a Luis Vicat, ex comisario que respondía a Galeano y que coaccionó a los policías para que declararan.

Según contaron otros policías a lo largo de la instrucción de esta causa y del debate oral, como Alberti Huici, Diego Barreda, Claudio Araya, Juan Maisú y Víctor Cruz, el ejemplo de Burguete lo usaron sin éxito el entonces juez Galeano y Vicat para convencer a los demás de liberarlos a cambio de que mintieran contra Ribelli. “Se estaban vulnerando todas las garantías de un imputado en una causa penal”, apuntó el fiscal.

Por mencionar uno de esos casos, Salum contó que el policía Maisú declaró haber recibido amenazas con fotos de sus hijos y seguimientos en la vía pública para que accediera a “colaborar” con la investigación en los términos que buscaba Galeano y que, como no lo hizo, lo echaron de la fuerza y luego lo detuvieron en el marco de la causa AMIA.

Aún con esta “cadena de ilegalidades” comandadas por el exjuez con la participación y complicidad de los exfiscales, señaló Salum, “los investigadores no lograron obtener pruebas concretas sobre el atentado”.

Procesados con pruebas falsas

Por otro lado, la fiscalía sacó a relucir los autos de procesamiento y pedidos de elevación a juicio oral para los expolicías, los cuales contenían una serie de supuestas pruebas de cargo que se habían comprobado en su momento como falsas y se decidieron omitir o tergiversar.

Es el caso de un nuevo informe de las empresas de celulares enviado en 1998, dos años después de las detenciones, que explicaban que los primeros listados de llamadas enviados al juzgado en 1996 tenían errores en las ubicaciones de los teléfonos.

Si bien los funcionarios judiciales no lo sabían y habían basado los procesamientos principalmente sobre esa información que probaba la presencia de celulares a nombre de Ribelli en las inmediaciones de la casa de Telleldín para julio de 1994, “no le dieron mucha importancia” y al elevar la causa a juicio dieron por ciertos los testimonios -falsos para los representantes del Ministerio Público Fiscal- que sostenían esa versión, la que señalaba que los policías habían estado en el domicilio del reducidor de autos.

En términos similares, Galeano y los exfiscales basaron las imputaciones en testimonios que “no cerraban” y que incluso en la causa constaba documentación que los refutaba. Un caso claro es el de un testigo que dijo haber visto a Juan José Ribelli en una Trafic blanca el día que Telleldín señaló como el de la entrega -10 de julio de 1994- y habérselo encontrado también el día del atentado en su local gastronómico.

Los dichos de esta persona se usaron como prueba de cargo contra Ribelli cuando en el expediente aparecía documentación que probaba la presencia del entonces comisario de Lanús en Foz de Iguazú el 10 de julio y en Río de Janeiro el 18.

“Los investigadores estaban obsesionados con mantener su teoría”, concluyó el fiscal y anticipó que la próxima jornada comenzará a tratar la llamada pista siria.