Podría negarse el voto a condenados en algunos casos

La Cámara Electoral Nacional, que falló en contra de su aplicación automática como pena accesoria, lo declaró inconstitucional. No obstante, la inhabilitación podría emplearse ante algunos delitos contra el Estado.

La Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional la aplicación de la inhabilitación automática para sufragar como pena accesoria, es decir, “sin vinculación alguna con la situación del condenado”. Sin embargo, ese derecho sí puede ser limitado en fallos condenatorios por corrupción, lavado de activos, crimen organizado, malversación de fondos públicos y defraudación contra la administración pública, entre otros.

La decisión se basa en que la Constitución Nacional no autoriza expresamente ninguna restricción al voto y las leyes que lo regulan deben perseguir una finalidad justa y ser proporcionales a ella. Según las organizaciones denunciantes, esto no se respetaba en el caso de los condenados.

En el fallo, los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera indicaron que el carácter genérico con el cual se excluye del padrón a las personas condenadas penalmente, sin tener en cuenta los hechos y circunstancias de cada caso, es lo que motiva la inconstitucionalidad.

“Una limitación de este carácter”, argumentaron los camarista, implica una restricción indebida al derecho al sufragio que este Tribunal no puede cohonestar, pues el sufragio es ejercido en interés de la comunidad política a través del cuerpo electoral y no en el del ciudadano individualmente considerado”, explicaron los jueces.

La Constitución Nacional no autoriza expresamente ninguna restricción al voto y las leyes que lo regulan deben perseguir una finalidad justa y ser proporcionales a ella

Entre los fundamentos, Dalla Vía y Corcuera señalaron además que las normas internacionales protectoras del sufragio universal exigen que su reglamentación sea razonable, lo que supone que debe “satisfacer un fin público, responder a circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y carecer de iniquidad manifiesta”.

La normativa en discusión son los artículos 12 y 19, inciso 2, del Código Penal y el 3, incisos e, f y g, del Código Electoral Nacional. A efectos de la inconstitucionalidad declarada, sin embargo, los camaristas destacaron que será ahora el Poder Legislativo el que deberá sancionar un nuevo marco reglamentario de los derechos políticos de las personas condenadas.

El caso comenzó a partir de una demanda presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), acompañada por catorce instituciones y personas especializadas que intervinieron en el proceso judicial como amicus curiae.

Las organizaciones sostenían que prohibirles el voto a los condenados atenta contra su dignidad ya que, al considerar a los sujetos incapaces de emitir una opinión, se les niega la posibilidad de participar en el debate político, lo que agrava sus condiciones de detención.

Además, habían advertido, la exclusión del padrón de las personas condenadas contradice los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) e importa una restricción injustificada que viola el derecho universal a votar en igualdad de condiciones.

Normativa internacional

La Cámara Electoral indicó que el derecho a elegir forma parte de derechos humanos reconocidos en los “principales instrumentos internacionales que nuestro país incorporó al derecho interno con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

También refirieron sentencias de tribunales internacionales, como la Corte Suprema de Justicia de Canadá y la Corte Europea de Derechos Humanos , que ya ha indicado en repetidos casos que la ley no puede privar de modo automático y genérico la capacidad de votar, sin que ello implique violar los derechos humanos.