Nación y provincia unen esfuerzos a favor de las víctimas

Firmaron un compromiso de trabajo conjunto que tendrá como resultado la optimización de los recursos que asisten a las víctimas. Los Centros de Acceso a la Justicia ofrecerán la red institucional para efectivizar la propuesta.

Un eje clave del trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el acceso a la justicia de las víctimas. En este sentido, con el fin de expandir la política de la cartera, garantizar los derechos de personas damnificadas y evitar su revictimización, se firmó un convenio de coordinación de acciones con la provincia de Buenos Aires.

El acuerdo de cooperación fue suscripto por el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano y su par provincial, Gustavo Ferrari, junto al procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand.

“Es un verdadero orgullo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación acompañar y apoyar los esfuerzos que viene realizando la administración general de la provincia de Buenos Aires para mejorar el servicio de justicia, el acceso, asistir a las víctimas y transformar la Procuración General para que dé mejores respuestas y soluciones más rápidas a los bonaerenses”, sostuvo Garavano durante la firma.

Derechos y obligaciones

De esta manera, se asumió un compromiso de trabajo conjunto por y para la víctima, que tendrá como resultado la optimización de los recursos que la asisten de una forma coordinada y unificada de modo interinstitucional.

Para llevarlo a cabo se implementarán acciones coordinadas entre los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a la Justicia (CAVAJ) de la provincia, las Casas de Justicia de la Procuración General y los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) de la Nación.

Estos últimos dependen de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, comandada por María Fernanda Rodríguez. Al respecto, la funcionaria explicó que “estamos coordinando políticas y uniendo esfuerzos por el empoderamiento legal y la asistencia a las víctimas”.

El acuerdo cobra aún más importancia si se tienen en cuenta la tarea que se desarrolla en estos centros de atención y particularmente en los CAJ, que están a lo largo y ancho del país y suman 34 solo en territorio bonaerense. Es que su rol principal es poner en contacto a la ciudadanía con el Estado y lo que éste tiene para brindar, como un servicio de atención legal primaria e integral.

En definitiva, son espacios de información sobre derechos y obligaciones, donde profesionales reciben y asesoran legalmente al vecino y le acercan soluciones prácticas y rápidas para los problemas cotidianos, tales como conflictos vecinales, de viviendas, familiares. También se brinda asistencia con trámites de seguridad social, asignaciones y documentación, entre otras necesidades.

Así, al respecto de los recursos y servicios de los centros, el convenio plantea hacer un uso compartido de los medios disponibles, como son las sedes y los profesionales que cumplen allí su tarea, y agilizar las derivaciones, todas medidas orientadas a lograr una debida protección y acompañamiento a las víctimas y su familia, y evitar la revictimización. En palabras del ministro de Justicia bonaerense, “se trata de que el Estado brinde una respuesta a la gente en los momentos de mayor vulnerabilidad, en ese sentido esto va a ser un gran beneficio para los ciudadanos”.

Además, los funcionarios acordaron el fomento en cada centro de atención de la aplicación eficaz de salidas tempranas del proceso y métodos de resolución de conflictos alternativos, como la mediación, proceso que reúne a las partes en conflicto, con un mediador que oficia de interventor, y se busca llegar a una instancia de solución y acuerdo sin tener que recurrir a un proceso judicial que puede extenderse años.

Este sistema se utiliza, por ejemplo, en temas familiares, donde se pueden acordar regímenes de visitas entre padres separados, montos de cuotas alimentarias y algunas cuestiones penales.