La Subsecretaría de Política Criminal brindó datos sobre las personas privadas de su libertad que cuentan además con una sentencia en su contra. El informe brindó importantes conclusiones y fue realizado con un abordaje de género.


Uno de los principales problemas a la hora de llevar a cabo políticas públicas es la falta de datos estadísticos, o la dispersión que hay con respecto a esta información. Por eso desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hay una perspectiva de avanzar en este sentido. En ese marco, se presentó el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP).

Patrick Haar
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)

Esta herramienta funciona en nuestro país desde el año 2002, y recopila datos provenientes del sistema penitenciario. Allí, para generar información y conclusiones, se toman en consideración diferentes variables, como el sexo, la edad, el nivel educativo y la ocupación, entre otras.

La presentación estuvo a cargo de los integrantes de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio, Juan José Benítez (jefe de Gabinete del órgano) y Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal. Estuvieron junto a ellos los profesionales encargados de confeccionar el informe, cuya labor fue destacada por González Guerra.

“El SNEEP sirve para transmitir a los operadores de los sistemas judicial y penitenciario y especialmente a los responsables de las políticas públicas la cantidad de personas detenidas en nuestro país y diversas muestras de información sobre ellas”, ponderó González Guerra.

Patrick Haar
Carlos González Guerra, Director nacional de Política Criminal en Justicia y Legislación Penal
Carlos González Guerra, Director nacional de Política Criminal en Justicia y Legislación Penal

El informe puso de relieve algunas de las problemáticas que se enfrentan a nivel general en la población carcelaria, y si bien referencia a los presos que tienen condena, una de las conclusiones fue que el porcentaje de personas privadas de su libertad sin un fallo en su contra es muy grande.

Pero algo novedoso que incorpora este último trabajo es una profunda línea de género que tomó como relevantes a las problemáticas que sufren las mujeres privadas de su libertad. Se puso en discusión la aplicación de la Ley de Estupefacientes que es una de las legislaciones que más se ven reflejadas en las condenas de los y las personas encarceladas.

Pero algo novedoso que incorpora este último trabajo es una profunda línea de género que tomó como relevantes a las problemáticas que sufren las mujeres privadas de su libertad.

La Ley de Ejecución de la Pena es uno de los ejes de los temas en estudio. Esta legislación marcó el ingreso de la Justicia a la revisación de la vida de las personas condenadas en su contexto de encierro. A través de esta normativa se crearon los juzgados de Ejecución Penal que permiten el monitoreo de los presos.

Fundamentalmente, se aplica un régimen de progresividad, donde , por ejemplo, la buena conducta y las diversas actividades que puede realizar un condenado ayudan a brindarle beneficios procesales, como salidas transitorias o una libertad condicional.