Alejandra Martínez, directora de Microjusticia Argentina

“Los derechos no deben ser sólo para el que puede pagar”

Un grupo de abogados brinda asesoramiento gratuito voluntariamente. Sin embargo, la tarea no es brindar un mero consejo, sino involucrarse activamente en las causas y acompañar hasta resolver las necesidades.

Microjusticia Argentina es una fundación que forma parte de una red de cooperación internacional llamada Microjustice4All, con organizaciones miembro en Perú, Bolivia, Serbia, Holanda, Uganda, Ruanda y Kenya.

En la Argentina, fundada en enero de 2010, con el apoyo de Patricia Van Nispen, la iniciadora de Microjustice4All, y de FIE Gran Poder, fue un grupo de estudiantes de abogacía el que apostó a replicar la experiencia modelo e inició su proyecto piloto los sábados en Ingeniero Budge (La Salada, Lomas de Zamora).

En la actualidad, trabaja coordinadamente con organismos públicos y con ONG´s amigas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza, San Isidro, Tigre, Avellaneda, Dock Sud y Ezeiza, Lomas Zamora y en las provincias de Salta y Jujuy.

“Con la idea de desembarcar en Latinoamérica, la gente de Microjusticie4All advirtió que el acceso a la Justicia se despierta como interés cuando la persona se enfrenta a su realidad económica- explica Alejandra Martínez, directora ejecutiva de Microjusticia Argentina-. Cuando alguien va a pedir un microcrédito para un emprendimiento productivo, se detecta más fácilmente su falta de documentación”.

AlejandraMartinez-Microjusticia_11El leitmotiv principal de “Microjusticia “es el acceso a la documentación, el acceso al derecho a la identidad”. En su génesis, la institución de microcréditos FIE les  prestó un escritorio en el barrio de La Salada y lanzaron el programa piloto.

Anotaban cada caso en libretas porque no disponían de computadoras ni Internet. Los fundadores fueron los jóvenes abogados María Bercetche, Delfina Beguerie, Juan Segundo Bellocq y Tomás Vassolo. Al equipo se fueron sumando  voluntarios.

“nos encontramos con que la gente necesitaba al abogado de una manera más cercana, no tener que ir a un estudio, sino ser asistida en su lugar. En los grupos de vulnerabilidad social con los que trabajamos muchas veces no detectan cuál es el derecho que tienen. Por eso trabajamos territorialmente, lo cual implica armar una oficina en cada barrio, que una vez al mes visitamos”,  detalla Martínez.

Asimismo, la fundación, junto con el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP) y la Asociación “El Trapito” impulsaron la iniciativa #IndocumentadxsCERO. Apunta a  resolver este problema que afecta al menos a 168.000 argentinos que jamás fueron inscriptos al nacer, y que carecen de DNI. En mayo de 2016 reclamaron en una Mesa de Diálogo en el Congreso un cambio legislativo que modifique el régimen de inscripción para indocumentados. Cuando nace un niño en Argentina, el trámi­te de su registro debe realizarse dentro de los 40 días. Pasado ese lapso, la inscripción está fuera del plazo legal y los padres pueden reali­zarla hasta los 12 años de edad del niño, con dos testigos que acrediten el vínculo. Una vez vencido, es un juez el que debe autorizar esta inscripción con la intervención de un aboga­do.

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En la actualidad, la Fundación cuenta con más de treinta lugares de consulta que visitan periódicamente. Hay una rutina: la gente sabe que los abogados se acercan, por ejemplo, el primer martes de cada mes. La repercusión tiene que ver con el boca a boca de la comunidad.

Martínez plantea que otra de las bases del hacer de Microjusticia Argentina es la generación de concientización social en los profesionales. “Tenemos treinta abogados voluntarios, convenios con las universidades Austral y Siglo XXI para hacer con nosotros la práctica profesional, y son los que hacen el trabajo con la gente, devolviéndole a la sociedad algo de lo que la formación les dio”. Cuentan también con abogados patrocinantes, que asumen la responsabilidad de seguir un caso -que puede tomar años en tiempos judiciales- de principio a fin.

“En este momento, tenemos una base con 3008 casos: la mayoría es sobre derechos de familia”, puntualiza  la directora. También asesoran en aspectos tributarios de monotributo social, en cómo armar una cooperativa, en la  ley de marcas.

En cuestiones estrictamente de consultas, asesoran en todas las ramas del Derecho, a través de interconsultas con padrinos de la Fundación cuando el tema excede sus competencias. “Queremos seguir creciendo, y buscamos aliados en abogados que quieran cedernos un par de horas para trabajar”, dice Martínez, que recalca que “la idea de Microjusticia es que el derecho es un derecho de todos, no sólo de los que pueden pagar un honorario, y por eso estamos acá, para que sea para todos por igual”.