El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, participó de una mesa debate con Rodolfo Urtubey, Eduardo Casal, Stella Maris Martínez y Miguel Piedecasas sobre los mecanismos para avanzar en la implementación del sistema acusatorio penal.

En la reunión “Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, debatió con autoridades de los tres poderes sobre los consensos alcanzados en torno a la reforma de ese texto normativo. Participaron el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey; el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema, el juez Julián Ercolini; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

En el piso 11 de la sede ministerial, el ministro, junto a fiscales, jueces y defensores de todo el país, también concretó una puesta en común de las necesidades y los aportes que se realizarán para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. El proyecto fue presentando en octubre de 2016 en el Senado y se estima que este año será discutido en el Congreso. Busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales.

“El nuevo proyecto del Código Procesal Penal fue elaborado en el marco de diálogo institucional que promueve el programa de gobierno abierto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  A partir de reuniones con actores judiciales, instituciones y la sociedad civil, se generó una norma jurídica que establece  procesos ágiles y transparentes a través del juicio oral y público, y que da un rol protagónico a la víctima durante el proceso penal”, dijo Garavano.

El ministro explicó que la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un  profundo cambio en el sistema judicial. “Implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal. Por eso es imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, destacó.

Este Código nació de la modificación del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. La diferencia radica en que mientras el antiguo proyecto se instauraba como un cuerpo normativo “nacional”, la propuesta “federal” responde a que se pensó de modo que su aplicación pudiera ser efectiva en todo el país sin entorpecer la adaptación gradual de las diferentes jurisdicciones, y los cambios que trae aparejado.

En ese sentido, Garavano se refirió a la importancia de “avanzar hacia un sistema adversarial”, en el que los fiscales son los que investigan y no los jueces. Y señaló que de la mesa que se conformó surgirán las acciones que se deberán tomar para cumplir la meta de octubre: ese mes se prevé que el Código esté en pleno funcionamiento. Y precisó que se necesitarán entre cinco y siete años para que su aplicación sea total en todo el país. “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, explicó.

Garavano también indicó que este nuevo cuerpo normativo viene acompañado de medidas que, entre otras cosas, lograron en 2017 fuera mayor el número de personas privadas de su libertad con condena que las que estaban procesadas.

Un proyecto enriquecido

El senador Rodolfo Urtubey señaló la importancia de pasar a un sistema en el que los fiscales sean los encargados de llevar adelante las investigaciones: “Hoy todo se juega en la etapa de instrucción, donde un dictamen prácticamente es una condena”. “El proyecto sancionado en 2015 (en relación al viejo proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación) ha sido enriquecido con institutos que se han incorporado en los últimos dos años”, destacó. Se refirió así a la figura de flagrancia, a los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas, entre otros.

“La mejor política es el resultado de los consensos. Estoy impresionado por la cantidad y calidad de actores del proceso judicial penal presentes en esta mesa”, afirmó Urtubey.

El titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, señaló que implementar este Código se tratará de un “cambio cultural, un cambio de diseño. El Consejo va a asumir su responsabilidad institucional para que esto suceda”, adelantó.

La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dijo que “se equivocan al decir que no nos convienen” los cambios en relación al tipo de investigación y a los procedimientos penales. Es que, explicó, uno de los principales problemas que tienen las personas privadas de su libertad es la falta de certeza con respecto a su condena, y con estas metodologías este aspecto se resuelve más rápidamente.

“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó. Y agregó que el sistema acusatorio con audiencias públicas es transparente: “La sociedad podrá juzgar cómo trabaja la justicia”.

Formaron parte de la mesa de trabajo el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares; el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; y el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache. También el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y  su par de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato.

Las experiencias provinciales

Por la mañana hubo otra una reunión de trabajo con operadores del sistema de justicia que intervinieron en reformas procesales penales en distintas provincias: Catamarca, Salta, Córdoba, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.

Durante la reunión, Benítez destacó: “El trabajo en equipo con personas que a nivel provincial ya han visto estas modificaciones con distintas magnitudes y desde distintos puestos institucionales, es clave para el proceso de reforma. Es necesario conocer las experiencias del sistema acusatorio en las jurisdicciones provinciales, para conocer los desafíos que supone la Reforma Procesal Penal Federal”.