Procesos y decisiones judiciales sobre daño medioambiental

La defensa del medioambiente y sus potenciales perjuicios ocasionados por diversas empresas en el desarrollo de sus actividades son tema de debate en distintos estrados judiciales del país.

La justicia de Córdoba investigará a una empresa por presunto daño ambiental y a la salud de la población del barrio Parque San Antonio. La empresa  se dedica a la producción de bioetanol que está contaminando atmosféricamente la zona. También se conoció un nuevo derrame de la mina Veladero en San Juan. La justicia federal y provincial tiene desde hace un año causas por un derrame ocurrido en septiembre del año pasado.

El caso de Córdoba tiene que ver con un amparo colectivo presentado para que se investiguen posibles daños ambientales y en la salud de la población generados por la producción de bioetanol de la empresa Porta Hnos. S.A. El escrito presentado pide que se realice una evaluación de impacto ambiental y la clausura de la planta.

Luego de algunas idas y vueltas judiciales, el juez federal de primera instancia Ricardo Bustos Fierro rechazó en un primer momento investigar el hecho, pero la Cámara Federal de Córdoba declaró la competencia de la justicia federal para actuar y pidieron que se proceda en su sustanciación, es decir, se investigue lo denunciado.

La decisión de los jueces Eduardo Ávalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi llegó después de que apelara la defensora oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba, María Mercedes Crespi. Los magistrados separaron de la causa a Bustos Fierro y entendieron que debía investigarse el amparo porque la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes a gozar del derecho al medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.

 Un nuevo derrame 

El miércoles por la noche se conoció la noticia de un nuevo derrame ocurrido en la mina Veladero de San Juan de la empresa Barrick Gold. Paradójicamente esta semana se cumplió un año de otro derrame en la misma mina que tiró en el río Potrerillos más de un millón de litros de agua cianurada. El gobernador de esa provincia, Sergio Uñac, cerró preventivamente la mina hasta conocer los detalles del nuevo derrame.

Por su parte, desde hace un tiempo los vecinos e integrantes de la asamblea “Jachal no se toca” reclaman el cierre definitivo de la mina y también lo hicieron ante la justicia federal presentando un escrito con el pedido al día siguiente de conocerse el derrame. Según informó la empresa este ocurrió el jueves pasado y parece que reactivo una de las dos causas que ya se encuentran en la justicia.

La parte más importante de la causa, donde se investiga la responsabilidad de los directivos de la empresa Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por violación a la Ley de Residuos Peligrosos, está en manos del juez provincial Pablo Oritja por decisión de la Corte Suprema de Justicia.