Más de quince mil mediaciones en Santiago del Estero

El uso de la mediación prejudicial en el ámbito de la administración de Justicia santiagueña es considerado un éxito: desde los primeros planes pilotos hasta su generalización, se logró evitar la judicialización de muchos casos, ahorrando recursos y tiempo para los ciudadanos.

La mediación prejudicial es una herramienta que permite, a través de encuentros entre las partes (que pueden ser personas, empresas, o un grupo de gente), dirigidos por un mediador, busca una solución y un acuerdo para evitar que se lleve a cabo un proceso judicial. Esta instancia permite que los interesados ahorren desde meses hasta años de tiempo, y que la Justicia también se vea beneficiada con el ahorro de recursos.

En Santiago del Estero, en julio de 2011, se llevó a cabo la primera prueba piloto para implementar esta herramienta en uno de sus departamentos judiciales. Bastaron apenas unos meses para que los integrantes de la administración de Justicia se dieran cuenta de su efectividad. Por eso, cinco años después de esa primera iniciativa, la mediación se utiliza en toda la provincia.

Desde entonces y hasta julio del año pasado, ya se atendieron más de 16.000 casos con este instrumento: cerca de 9.000 en la capital provincial; más de 6.000 en la ciudad de Banda; y 600 en la ciudad de Frías.

La primera vez que la mediación fue utilizada de forma previa y obligatoria en la provincia, gracias a una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) santiagueño, fue utilizado para los casos relativos a Régimen de Visitas y Tenencia de Menores, con competencia en los juzgados de Familia provinciales.

Hoy en día, el trabajo que se lleva a cabo en esta materia está centralizado en el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CEMARC), que es supervisado por uno de los integrantes del máximo tribunal provincial, el vocal Sebastián Argibay.

La mediación como alternativa para resolver conflictos

Esta herramienta se utiliza, a nivel nacional y provincial, para resolver muchas situaciones: cuestiones familiares, como el régimen de visitas, cuotas alimentarias y las visitas de los padres; patrimoniales, como reclamos de sumas de dinero, incumplimiento de contrato; relativas al derecho de los consumidores; y también para trabajadores, que pueden recurrir, en caso de despido, al Servicio de Conciliación Obligatoria (SECLO), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Algunos datos difundidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indican que durante 2015 ingresaron a los centros de Prevención y Resolución de Conflictos 1.064 casos, de los cuales fueron atendidos 954. En cuestiones de Familia, el 66% finalizó con un acuerdo y el 34% restante se judicializó.