Media sanción para la ley de responsabiliad empresaria

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que impulsada por el Poder Ejecutivo, apunta a sancionar la corrupción y el soborno trasnacional por parte de personas jurídicas, como empresas, asociaciones civiles y fundaciones.

Luego de la aprobación en general de la semana pasada, la norma fue refrendada en el análisis de cada artículo y pasó al Senado. Sin embargo, uno de los propuestos fue rechazado y quitado del proyecto.

En la votación en particular, se aprobaron los artículos en discusión que no habían pasado la semana última la votación “en general”, con la única excepción del artículo 37, que fue rechazado y generó un largo y tenso debate entre las bancadas.

Dicho artículo estaba focalizado en la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz. La propuesta fue rechazada por 131 votos contra 87.

Uno de los puntos centrales de la sesión, fue la aprobación del artículo 1 de la ley de Responsabilidad Empresaria. A partir de ello, las empresas podrán ser juzgadas por cualquier delito establecido en el Código Penal y no sólo por hechos de corrupción. De esta forma, se contempla la sanción de delitos como la trata de personas y los crímenes contra el medio ambiente.

El artículo 1 se aprobó con 183 votos  a favor, 5 negativos y 16 abstenciones y su texto establece que el régimen de responsabilidad fiscal se aplicará en los delitos previstos en el Código Penal cometidos por personas de capital extranjeros con o sin participación estatal.

Con anterioridad  a la modificación del artículo 1, sólo se incluía las figuras de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración del Estado.

Además, se votó el artículo 5, referido a la extinción de la pena. La votación dio por resultado 135 votos positivos contra 75 negativos y ninguna abstención.

Por otra parte, se modificó el artículo 8 sobre multas: por un lado, se estableció que el mínimo será de un 1 por ciento mientras que el máximo del 20 pasó al 10 por ciento de los ingresos brutos anuales obtenidos por la firma condenada en el último ejercicio anterior a la comisión del delito. Asimismo, en dicho artículo se incorporó que si el beneficio del ilícito es cuantificable, “la multa no podrá ser inferior al triple” de ese monto. El artículo fue finalmente aprobado con 137 votos afirmativos y 74 negativos.

Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de 12 meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, serán sancionadas con multa de entre el 0,5 y el 10 por ciento de los ingresos brutos promedio registrados al momento de cometerse el ilícito.

Por su parte, el artículo 20 -que establece que el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio del cual ésta se obligue a cooperar, a través de la revelación de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito- fue aprobado mayoritariamente, con 203 votos positivos, contra 10 negativos y 2 abstenciones. Entra las modificaciones que se introdujeron en el texto previo, quedó sin efecto que la información sea provista a cambio de la suspensión de la persecución, al tiempo que este término se incluyó como un inciso en el artículo 22.

La ley que ahora pasa al Senado de la Nación para su tratamiento, busca reconfigurar la situación vigente que impide responsabilizar penalmente a empresas, fundaciones y asociaciones civiles por incurrir en delitos de corrupción y de cualquier otra índole pasible de sanción penal. Hasta la fecha, el sistema jurídico argentino solo prevé que las personas físicas (uno o varios miembros de sus directorios) pueden ser halladas responsables y sancionadas. La persona jurídica puede ser condenada aún cuando no se haya podido identificar o juzgar a las personas físicas que intervinieron en el hecho