El Ministerio de Justicia difundió nuevas cifras sobre la aplicación de esta novedosa normativa. Entre otras cosas, se destacó que el 54% de los casos en los que se usó esta legislación fueron resueltos en la primera audiencia, es decir, a 30 horas de que ocurrió el hecho.

Durante 2016, la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ideó formas de reducir la carga laboral de los tribunales porteños y, al mismo tiempo, reducir los plazos procesales para acelerar los tiempos judiciales. Entre las numerosas iniciativas que fueron debatidas en este sentido, se encuentra la Ley de Flagrancia, un nombre que, en principio, suena extraño.

La Ley de Flagrancia apunta a los delitos cometidos, precisamente, en flagrancia; estos son aquellos en los que la persona que los comete es atrapada durante el hecho. Por eso, en líneas generales, la legislación plantea un proceso más ágil, considerando que no hay ninguna controversia sobre lo sucedido.

La normativa fue aprobada por el Congreso y entró en vigencia el primero de diciembre de 2016. En este tiempo de aplicación, y como lo muestra el tercer informe elaborado por la Subsecretaría –dirigida por Juan José Benítez-, las cifras dejan ver los avances registrados: en el 54% de los casos atendidos con esta modalidad, los casos fueron resueltos en la primera audiencia ante el juez, es decir, en menos de 30 horas después de que ocurriera el hecho.

Vale aclarar que la Ley de Flagrancia se aplica en los casos donde, obviamente, el delincuente sea hallado cometiendo el hecho, y en los delitos cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión, o 20 años para aquellos en los que se haya cometido un abuso sexual o robo con arma de fuego.

Entre otros datos, el tercer informe destacó que en los casos de aplicación de la normativa los tiempos del proceso se redujeron, en promedio, de dos años a treinta días. Todos los casos se resuelven en audiencias orales y públicas, y los jueces deben transmitir su decisión en un lenguaje sencillo que tanto las víctimas como los imputados puedan entender.

Las estadísticas fueron confeccionadas por la Unidad de Asistencia a la Reforma Procesal Penal, y entre otras cosas, señalaron que la primera audiencia se lleva a cabo, en promedio, a treinta horas de cometido el hecho; la duración promedio de estos encuentros es de 30 minutos.

Las decisiones de los jueces determinaron que en el 63% de los casos, las personas se mantuvieran en libertad, y en el 37% se dictó la prisión preventiva. Estos datos surgen de una muestra de 100 casos, es decir, de un recorte del total de causas tramitadas con este sistema.

La mayor parte de los hechos fueron tentativas de robo (es decir, robos que no llegaron a ser llevados a cabo), con el 31% de los casos, seguidos por las personas que se enfrentaron a la Justicia por lesiones, que representan el 20% de los casos.