¿Cuáles son los amparos que tienen carácter colectivo?

Los derechos que afectan a varios ciudadanos tienen una vía de solución a través de un amparo colectivo. Se plantean desde reclamos por la tarifa de un servicio público o las comisiones de un alquiler.

¿Qué es acción de amparo de carácter colectivo? La tarifa del subterráneo, la actividad de servicios públicos, las comisiones inmobiliarias por alquileres, hasta el número de personas en situación de calle, y la emergencia edilicia. Y demandas más llamativas como la prohibición de la entrega en línea de cajas de comercios de bolsas plásticas no biodegradables.

Los especialistas lo llaman el “derecho de Procesos-Colectivos-cuadro-768x490incidencia colectiva” porque no afecta a una sola persona. Está estipulado en la normativa porteña para derechos colectivos en sentido propio, indivisibles como puede ser una cuestión medioambiental y los homogéneos que refieren a los usuarios o consumidores.

El artículo 14 de la Constitución de la Ciudad explicita que los ciudadanos están habilitados para interponer amparos y que también lo están “las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados estos derechos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”.

Este tipo de acción judicial “ciudadana” se realiza en “defensa de derechos de incidencia colectiva” y pueden ser promovidos por cualquier habitante afectado, por el Defensor del Pueblo de la Nación y de la Ciudad así como por organizaciones no gubernamentales (ONG). Además, facilita la eficiencia del sistema judicial con exceso de expedientes y para evitar la multiplicación de acciones con objeto idéntico o similar.

“Los procesos colectivos, entonces, aparecen como mecanismos complejos destinados a permitir el control judicial en casos en los que, normalmente, se verifica una marcada asimetría entre la parte que padece la vulneración del derecho reconocido por el ordenamiento y quien lo menoscaba”, expresó la jueza de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Mariana Díaz.

Hechos, no palabras.

En materia estadística desde el 2005 hay procesos colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo picos en el 2009, 2013 y 2016. En estos tres años, se iniciaron 180 expedientes, mientras que entre los años 2005 y 2008 se realizaron solo 96 procesos. Es más, sólo en noviembre y diciembre del año pasado se llevaron a cabo 19 casos.

Las causas sobre obra pública sumaron el mayor número en 2016 totalizando catorce acciones en lugares como la Plaza Casa Cuna, Dorrego o Juan José Paso. Aunque también este tipo de expedientes se realizaron “colectivamente” por la peatonalización de la calle Juncal, una licitación de un viaducto ferroviario o la construcción de un estacionamiento subterráneo, entre algunos ejemplos.

En segundo lugar se ubican los reclamos por “servicios públicos” y “consumidores y usuarios”. En este sentido, se cuestionó el servicio alternativo al taxi y la tarifa del subte, mientras que los problemas edilicios de barrios vulnerables e inmuebles públicos también fue objetivo de demandas de grupos de ciudadanos descontentos. Un claro ejemplo fue el estado de “emergencia edilicia” del Complejo Habitacional Soldati. Ya hubo siete el año pasado.

También se registraron 7 procesos vinculados a normas urbanísticas como la posible participación de la ciudadanía en el nuevo Código Urbanístico, el impedimento de construcción de un predio comercial en una zona parquizada, o por la remoción de un empedrado en el Pasaje San Irineo en Caballito.

El último proceso colectivo fue interpuesto por miembros científicos del Equipo Argentino de Antropología Forense el pasado 5 de abril con el objeto que elaborar un “Protocolo para la manipulación de cadáveres de personas no identificadas”.

El grupo de litigantes solicitan que se establezca “la obligatoriedad de obtener muestras de material biológico (ADN), con carácter previo a la inhumación o cremación de los cuerpos, en consonancia con los principios y parámetros que surgen del decreto N° 1093-PEN-2016, por el que se creó el denominado Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas”. El recurso de amparo colectivo en cuestión se plantea con “el propósito de coadyuvar a la identificación de las personas fallecidas en la jurisdicción porteña”.