Los niños también tienen derecho a un abogado

Invocando el interés superior del niño, los miembros de la Corte Suprema de Tucumán recordaron, en un caso de tenencia, el derecho de los menores de tener la representación particular de un abogado y de ser oídos durante el proceso.

Como en otros casos, y si bien la cuestión de fondo era una discusión acerca de un régimen de tenencia, la Justicia tuvo que volver a recordar cuál es el rol de los menores en un proceso judicial. Por eso, en un nuevo precedente en este sentido, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) recordaron el derecho de los niños de tener un abogado y de ser escuchados a lo largo del proceso.

Todo ello, invocando un concepto que no es novedoso pero sobre el cual falta avanzar: el interés superior del niño. En una explicación muy gráfica de a qué apunta este concepto, los integrantes del máximo tribunal tucumano se refirieron a la normativa internacional que opera para estos casos, y que, en Argentina, tiene rango constitucional. Considerando que la Constitución es la ley máxima, se trata de una normativa ineludible.

Los jueces recordaron que el derecho de los niños a ser oídos surge no sólo de las normativas internacionales, sino también de leyes locales.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, precisa que los Estados que adhieren a esta legislación “garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”.

“Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”, expresa ese mismo artículo. Esto fue ratificado en nuestro país a través del artículo 26 del Código Civil y Comercial.

Citando al Comité de los Derechos del Niño, dependiente de la ONU, los magistrados afirmaron que estos Estados tienen que escuchar a los niños cuando entiendan que puedan formar un “juicio propio”.

Aunque esto parezca como una limitación, en realidad, funciona al contrario: los Estados “deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formar sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas”.

Sujetos de derecho

Los miembros de la CSJT también citaron a la ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que establece al interés superior del niño y lo define en términos generales: se trata de la “máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”.

Esto implica respetar “su condición de sujeto de derecho; el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural”.

El artículo 24 suma, en este sentido, que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a: participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés; que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo”.

El artículo 27 de la ley, recordaron los jueces, es el que tutela este derecho a la defensa particular en un proceso: “Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, (…) a ser asistidos por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine”.