En esos espacios de patrocinio jurídico se busca reducir la conflictividad que llega a los tribunales civiles. Referentes de varios países americanos confluyeron en Buenos Aires, en un encuentro impulsado por el Ministerio de Justicia, para detectar fortalezas y establecer nuevas metas a alcanzar.

En el porteño Palacio San Martín, justo un 17 de agosto -aniversario del fallecimiento del Libertador de América-, funcionarios y jueces de los estados americanos integrados en la OEA intercambiaron experiencias sobre el acceso al patrocinio jurídico en poblaciones vulnerables. No son otra cosa que las Casa de Justicia, oficinas o tribunales multi-puertas y multi-door courthouse, en la versión sajona, que buscan reducir la litigiosidad del fuero Civil mediante métodos alternativos de resolución de conflictos.

Desde 1995, de cuando datan las primeras versiones, se empeñan en propalar prácticas como la mediación o conciliación para casos. En general, son centros que reúnen diversos servicios que pueden ir desde la entrega de información, asesoría legal o la gestión y solución de conflictos, en principio en derecho de familia y vecinal.

El Encuentro Internacional de Casas de Justicia en Argentina y América Latina fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (creado a instancias de la OEA), en conjunto con la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La actividad se encuentra en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En ese sentido, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, señaló en la apertura del encuentro que la meta es una sociedad “más justa, más pacífica pero sobre todo más inclusiva”. En esa línea, dimensionó este “mecanismo de inclusión social ligado al desarrollo humano”.

 

Por su parte, Manuel Montecino, vicepresidente del Consejo Directivo de CEJA, enfatizó en el acceso a la justicia como “norma imperativa” del derecho internacional, y destacó que su consecución es sinónimo “no sólo el fortalecimiento institucional” sino también del “cumplimiento efectivo de derechos económicos, sociales y culturales cuyos estándares de protección garantizan la paz social”.

Stephanie Bridger
Foto: Stephanie Bridger

Raquel Munt, directora Nacional de Mediación del Ministerio, consideró que “los métodos autocompositivos (mecanismo prejudiciales de resolución de conflictos) son la herramienta clave y fundamental para pensar modelos de acceso del siglo XXI”.

Pero no se trata de aplicar fórmulas sin más. Rodríguez sostuvo que antes bien el modelo a implementar “requiere la adaptación al lugar en el cual se va a establecer, con criterios de empoderamiento legal vinculados a la realidad de Latinoamérica: No tenemos problemas de conflictos armados, pero si somos la región más inequitativa del mundo”, ponderó.

En un panel especial, la experta de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema, Gladys Álvarez, lo resumió así: “No hay dos Casas de justicia iguales”. Justamente una de sus ministras, la jueza Elena Highton de Nolasco, reparó que desde que se creó la comisión, en 2007, la Corte diseña “por primera vez políticas de estado para el Poder Judicial”. “Hemos abierto muchas Casas, la primera en Río Negro” recordó, al tiempo que instó a “que la ciudadanía tenga acceso a ellas para disminuir la litigiosidad” de los juzgados.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del secretario de Justicia, Santiago Otamendi, quien destacó que hay una “ventaja comparativa” de las CdJ sobre los tribunales: “Tienen la posibilidad de gestionar y administrar el conflicto desde el inicio”, a diferencia del Poder Judicial “que muchas veces recibe el conflicto ya con pocas posibilidades de administrarlo”, resaltó.

A su tiempo, Jaime Arellano, director ejecutivo del CEJA, sintetizó los desafíos por delante: “Es necesario articular las CdJ con la Justicia formal, para proveer servicios jurídicos integrados”.