Con Estados Unidos como el pionero en la materia, varios países de Latinoamérica y Europa legislaron en ese sentido. Qué condiciones y límites ponen en cada caso a la práctica de defener intereses por encargo antes legiladores y gobernantes.

El ‘lobby’, ‘cabildeo’ o ‘gestión de intereses’ se puede definir como una colaboración necesaria entre la sociedad y los poderes públicos para un ejercicio más eficaz de la política. En los Estados Unidos es una práctica con historia desde la época de su fundación, ya que la Primera Enmienda de su Constitución habla del “derecho de peticionar una reparación de agravios”. Reformulado varias veces, hoy se estima que están registrados 17 mil lobistas en su capital, Washington DC.

Pese a que algunos historiadores marcan al Reino Unido como el primer paso del ‘lobbying’, el norteamericano, William Hull fue el primer activista estadounidense, cuando en 1792 lo contrataron veteranos del Ejército para que gestionara ante el gobierno de George Washington compensaciones adicionales por el esfuerzo realizado durante la guerra.

El mandatario número 18 de EEUU, Hiram Ulysses Grant, quien gobernó entre el 4 de marzo de 1869 al 4 de marzo de 1877, fue marcando los primeros pasos. Como su mujer no lo dejaba fumar en la Casa Blanca, Grant disfrutaba de sus cigarrillos en los patios (en inglés, lobbies) del cercano Willard Hotel. Los políticos y los que buscaban favores de los gobernantes aprovechaban este momento de tranquilidad para encontrarse con él ya que, según los historiadores, estaba “más predispuesto que en la sede gubernamental”. En tanto, sobre el tradicional emblema hay una frase que se le atribuye al ex mandatario John F. Kennedy: “Los lobistas me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días”.

En EEUU, los primeros intentos para regular la actividad surgieron en 1876
En EEUU, los primeros intentos para regular la actividad surgieron en 1876

Los primeros intentos para regular la actividad surgieron en 1876, cuando la Cámara de Representantes aprobó una resolución sólo para aquella sesión del Congreso en la que se pedía a los lobistas que se registraran. En 1930, el senador Hugo Black, de Alabama, recomendó que se anotaran sus nombres, sus salarios, sus gastos mensuales y los fines de sus actividades. Pero recién después de la Guerra Mundial los legisladores norteamericanos regularon el lobbying de forma comprensiva y sistemática, a través del Federal Regulation of Lobbying Act.

Esta primera regulación sobre la actividad definió al operador y a la actividad en el artículo 307 de la normativa: “(…) toda persona individual o colectiva que por sí misma o a través de cualquier agente o empleado, directa o indirectamente, solicite, recaude o reciba dinero para el cumplimiento de cualquiera de los siguientes objetivos: a) la aprobación o denegación de cualquier legislación por el Congreso de los Estados Unidos; b) influir directa o indirectamente en la aprobación o denegación de cualquier legislación por el Congreso de los Estados Unidos”.

Una frase que se le atribuye al ex mandatario John F Kennedy: “Los lobistas me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días”

En tanto, especifica qué se entiende por “lobbying contact” o “contacto lobista”. Y lo define como cualquier comunicación oral o escrita dirigida a gestores públicos o políticos, en representación del cliente sobre: a) la formulación, la modificación o la adopción de una legislación federal, incluidos los proyectos de ley; b) las acciones del Poder Ejecutivo Federal, como reglas, regulaciones o cualquier otro programa, política o postura del Gobierno de los Estados Unidos; c) la administración o ejecución de un programa federal, incluidas la negociación, adjudicación y gestión de licencias y contratos federales; d) la nominación y ratificación de una persona sometida a la ratificación del Senado.

Mayor regulación y sanciones

Las críticas en los Estados Unidos sobre la insuficiente regulación de la actividad de lobby a través de la ley de 1946, dieron por resultado la firma del Lobbying Disclosure Act (LDA), en 1995. El Acta obligaba a las organizaciones dedicadas a esta actividad a publicar semestralmente un resumen de sus actividades, sus gastos y la lista de los lobistas que tenían empleados. Y a registrarse dentro de los 45 días de realizada la “primera gestión”.

Según medios norteamericanos, su “rigurosidad legislativa” se produjo años más tarde tras el escándalo de corrupción y tráfico de influencias protagonizado por el lobista Jack Abramof, quien estuvo preso tres años por sobornos a legisladores. Así, en 2007, el Parlamento norteamericano sancionó la Honest Leadership and Open Government Act (HLOGA).

Esta nueva norma endureció el control sobre los lobistas, obligándoles a publicar el informe de sus actividades con mayor frecuencia (cada 4 meses) y a revelar todas las contribuciones que realizan a candidatos, comités y PACs (Comités de Acción Política). Asimismo, la ley estableció plazos de hasta 2 años para los “congresistas” y sus empleados de cargos jerárquicos quienes tienen prohibido ejercer la actividad de lobby por dos años tras abandonar el ámbito público.

En la Unión Europea hay 8981 entidades inscriptas como cabildantes
En la Unión Europea hay 8981 entidades inscriptas como cabildantes

Según la legislación vigente, las organizaciones que utilizan “cabilderos” deben registrarse ante cada cámara (de Representantes y Senado) si sus gastos exceden los 11.500 dólares trimestrales. En tanto, que las empresas deben registrarse si su gasto dedicado a dicha actividad es mayor a 3 mil dólares. Mientras que se considera como “lobista profesional” a una persona que dedica el 20 por ciento de su tiempo a dicha actividad.

En cuanto a los números de las empresas de lobby, durante la elección de 2008, algunos Comités de Acción Política como el Minneapolis Saint Paul 2008 Host Committee o el Denver 2008 Convention Host Committee llegaron a gastar más de 100 millones de dólares en su actividad política lobista. Según medios locales, el entonces candidato presidencial del Partido Republicano, John McCain, llegó a recaudar más de 2 millones de dólares a través de estas organizaciones.

En cuanto a los números de las empresas de lobby, durante la elección de 2008, algunos Comités de Acción Política como el Minneapolis Saint Paul 2008 Host Committee o el Denver 2008 Convention Host Committee llegaron a gastar más de 100 millones de dólares en su actividad política lobista

Con respecto a las sanciones, la ley vigente exige el cumplimiento de las reglas establecidas y sanciones civiles o criminales. La penalidad civil en caso de “violación de conocimiento de evidencia” estará sujeto a una multa civil de no más de 200 mil dólares, dependiendo de la extensión y gravedad de la violación. En cuanto a la penal, la ley sanciona a “quien incurriera, consciente y corruptamente, en cualquier disposición de esta Ley, será encarcelado por no más de 5 años o multado bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, que versa sobre los delitos y su procedimiento Penal”.

En Europa y Latinoamérica

La Unión Europea se puso a tono con la iniciativa de regular el ‘cabildeo’ a partir de la incorporación de la normativa en el reglamento del parlamento continental. El 17 de julio de 1996 se estableció que el organismo tendrá cinco “cuestores”, con el “objeto de informar a los diputados en el marco de su mandato sobre los intereses propios o de terceros”, dedicados a los “asuntos administrativos y económicos que afecten directamente a los eurodiputados”.

La Unión Europea se puso a tono con la iniciativa de regular el ‘cabildeo’ a partir de la incorporación de la normativa en el reglamento del parlamento continental. El 17 de julio de 1996 se estableció que el organismo tendrá cinco “cuestores”, con el “objeto de informar a los diputados en el marco de su mandato sobre los intereses propios o de terceros”

El informe anual del Registro de Transparencia de 2015 de la UE manifestó que están registrados todos los grupos de interés que realizan actividades cuyo propósito sea influir en los procesos legislativo y de aplicación de las normas de las instituciones europeas. El sistema consta de 8981 entidades inscriptas. En ese universo, más del 50 por ciento representan a “grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales”, entre otros.

Lobby_Chile
Listado de lobbistas chilenos, creado por la Ley 20.730

En Chile, desde el 8 de marzo de 2014, con la publicación de la Ley 20.730, se establecieron las condiciones para las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. El Gobierno deberá dar a conocimiento público y registrar las reuniones y audiencias solicitadas por lobistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública, los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que recibe en su condición de funcionario público.

A México llegó la regulación en 2011, aunque antes del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el ‘cabildeo’ se practicó para buscar el favor del presidente de turno. Es administrado por la Cámara de Diputados y es reconocido como un “derecho”. Un dato distintivo es que en tierras aztecas, se restringe el lobbying solamente al intercambio de información, y que está prohibido que se utilicen recursos económicos para persuadir a legisladores, comúnmente llamados ‘sobornos’. Hoy en día, en la Cámara de Diputados hay inscriptos 544 cabilderos.

El pionero latinoamericano fue Perú, con la sanción de la Ley que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública. En ese país, toda persona física o jurídica que desarrolla actos de gestión de sus intereses o de terceros para influir en las decisiones públicas de sus funcionarios debe inscribirse en un registro público.

El pionero latinoamericano fue Perú. En ese país, toda persona física o jurídica que desarrolla actos de gestión de sus intereses o de terceros para influir en las decisiones públicas de funcionarios debe inscribirse en un registro público

Para ello, debe pagar un derecho que dura dos años, aunque puede prorrogarse. En tanto, se le exige presentar informes semestrales ante el Registro Público de Gestión de Intereses, las cuales incluyen objeto de sus actividades, medios empleados y funcionarios contactados. Estos informes constan como Declaración Jurada, y son enviados a la Contraloría General del gobierno peruano. Y como última instancia, deberán ser publicados en forma electrónica para su fácil accesibilidad por parte de la ciudadanía.