Semana de los Pueblos Originarios

Derechos aborígenes: del despojo al reconocimiento

Según el último Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2010, en la Argentina viven más de treinta pueblos indígenas, que hablan trece lenguas y que representan el 2,4 por ciento de la población total del país. De ellos, el  18 por ciento habita en ámbitos rurales organizados en más de mil seiscientas comunidades.

Cuando de derechos de Pueblos Originarios se habla, en nuestro país lo primero que hay que hacer es leer la Constitución de la Nación. En 1994 se realizó una reforma de la Carta Magna con el objetivo de modernizarla. Uno de los cambios incluyó a las comunidades indígenas y modificó el antiguo artículo 65 inciso 15, por el artículo 75 inciso 17.

Allí se establece claramente el reconocimiento de la “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Además se garantiza “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural” y el reconocimiento de “la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

También se regula “la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos” y asegurar “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. “Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”, concluye el artículo.

Otro hito en materia legal fue el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales que reconoce como titulares de los derechos a los pueblos indígenas. Además plantea la aspiración “a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”, y hace foco en el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

El convenio promulga el derecho a la integridad cultural de los pueblos a partir de “reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos”; la “integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos” y ; la adopción de medidas “encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.

Otro instrumento internacional, más reciente, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General en septiembre de 2007 y que fue suscripta por nuestro país. Tambien se propugna por la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos colectivos de las comunidades.

También pueden mencionarse otros tratados y declaraciones internacionales tales como los pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

En cuanto a la legislación local pueden mencionarse algunas leyes específicas como la 23.302, de 1985, sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes que declara de “interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades”.

O una más actual, la ley 26.160 de Emergencia de la propiedad comunitaria indígena, prorrogada hasta noviembre de 2017 y donde las comunidades ya se encuentran pidiendo una nueva prórroga para poder frenar los desalojos de las empresas multinacionales que buscar la explotación minera o la expansión del agronegocio.