Modificación de Ley de Hábitat bonaerense frena los desalojos

Si bien se instrumentó por decreto, la norma es el resultado de mesas de trabajo con movimientos y organizaciones sociales, junto a universidades, y gira en torno al concepto de la función social de la propiedad.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó esta semana una modificación a la Ley de Acceso Justo al Hábitat que suspende por el lapso de un año los desalojos de personas o familiar que vivan en villas o asentamientos precarios. Se trata de una modificación aprobada por la Legislatura bonaerense en diciembre pasado que ahora fue publicada en el Boletín Oficial.

El decreto 2105, firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal, oficializó las modificaciones al artículo 70 de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, número 14.449, que en lo esencial, suspende las “medidas judiciales o administrativas que impliquen el lanzamiento de las personas y/o familias que habitan en las villas o asentamientos precarios inscriptos en el Registro Público de Villas y Asentamientos”.

La ley exceptúa de la suspensión de desalojos a los casos donde estos estuviesen “fundados en la existencia de un peligro real e inminente para la seguridad e integridad física de las personas, basado en factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de derrumbe”, donde deberá relocalizarse a las familias con una solución habitacional.

La ley exceptúa de la suspensión de desalojos a los casos donde estos estuviesen “fundados en la existencia de un peligro real e inminente para la seguridad e integridad física de las personas

Aprobada en 2012, y promulgada en 2013, la Ley de Acceso Justo al Hábitat fue producto del trabajo de movimientos sociales, organizaciones y universidades, que gira en torno al concepto de función social de la propiedad, un principio básico que respeta el derecho a la propiedad, pero este derecho no resulta absoluto sino que es relativo, limitado por los derechos colectivos.

Este principio tiene jerarquía constitucional puesto que en 1994 se incorporaron en la Constitución Nacional los tratados internacionales donde el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero el Estado puede subordinar ese uso y goce al interés social”.

Las modificaciones aprobadas también incorporan ciertas acciones que deben hacer los jueces previo a ordenar un desalojo tales como “constatar a través del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, si esa villa está incluida en el Registro Público de Villas y Asentamientos creado por la Ley de Acceso Justo al Hábitat” caso en que “no podrá ordenarse el desalojo”.

También instruye a los jueces que antes de ordenar un desalojo deben “constatar” si el barrio está incluido en el “Registro Público de Villas y Asentamientos, creado por la Ley de Acceso Justo al Hábitat”, en cuyo caso no podrá desalojarlo

En algunas sentencias, la Justicia provincial ya tuvo en cuenta esta legislación de avanzada. Por ejemplo, en marzo de este año se ordenó a una desarrolladora inmobiliaria la entrega de estudios técnicos sobre la construcción del barrio náutico Venice, en Tigre. Ese fallo hizo referencia a la ley puesto que se trata de un emprendimiento que se realiza justo al lado de un barrio donde viven unas 800 familias que piden la urbanización.