Ley antiterrorista, otra de las normas “especiales”

En el marco de una recomendación brindada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, Argentina cuenta desde junio de 2007 con una normativa conocida como Ley Antiterrorista. Se trata de una ley penal especial.

¿Qué implica el “lavado de activos” o “lavado de dinero”? Entre otras cosas, que las ganancias provenientes de actividades ilícitas puedan ser “disimuladas” o reconocidas como legales, con la ayuda de diferentes herramientas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) calculó que en 2015 se “lavaron” cerca de 870.000 millones de dólares, provenientes de actividades como el narcotráfico y la trata de personas. Esta cifra es aproximada porque, de nuevo, el lavado de activos toma diversas formas que lo hacen muy difícil de identificar.

Diversos organismos como la UNODC y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encargan de elaborar políticas para combatir esta grave problemática; este Grupo, que es un organismo inter-gubernamental, fue el que llevó a cabo la recomendación que llevó a que se sancione la Ley Antiterrorista, en junio de 2007, en nuestro país.

La Ley 26.734, que lleva este número porque recibió una modificación general en 2011, fue sancionada para combatir el lavado de activos pero, también, la financiación del terrorismo. Según el GAFI y otros organismos de este orden, estas dos problemáticas guardan una relación profunda. Esta ley penal especial fue pensada en este sentido.

Esta legislación, modificatoria del Código Penal, estableció entre otras cosas doblando las penas establecidas (con ciertos reparos establecidos en el artículo 41 quinquies) para quienes cometan un delito “con la finalidad de aterrorizar a la población (…)”; en otras palabras, quienes cometan actos terroristas.

También establece penas de prisión y multas para las personas que financien las actividades terroristas, tanto particulares como de organizaciones. Al mismo tiempo, la Ley establece el campo de actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Este organismo estatal es el encargado del “análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Este organismo procesa datos de empresas, corporaciones y diferentes tipos de personas jurídicas, combatiendo al mismo tiempo el tráfico de drogas, el contrabando de armas, fraudes contra la administración pública y delitos como la trata de personas o la pornografía infantil.

La modificación que sufrió la legislación en 2011 recibió algunos señalamientos de parte de organizaciones políticas y sociales que entendieron que se podía usar la normativa para llevar a cabo acusaciones de actos terroristas a activistas; por eso se introdujo un párrafo más al artículo 41 quinquies del Código Penal, que establece: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.