Los temas judiciales claves que se aprobaron este año

Durante 2016, el Ministerio que dirige Germán Garavano, a instancias, también, de su programa Justicia 2020, presentó numerosos proyectos de ley que se discutieron y de los cuales muchos ya son normativas vigentes.

En 2016, el Poder Ejecutivo envió al Congreso 65 proyectos de ley: 25 fueron sancionados, 16 tienen media sanción, 9 cuentan con dictamen de comisión y el resto seguirá siendo debatido en 2017. De todas estas iniciativas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se encargó de buena parte de las iniciativas que fueron discutidas a nivel parlamentario.

Gracias al trabajo de las secretarías, subsecretarías y direcciones del órgano y el trabajo llevado a cabo desde el Programa Justicia 2020 (instancia de participación ciudadana, de organizaciones de la sociedad civil y el mundo del Derecho), varias propuestas fueron enviadas para la consideración de los legisladores. Y algunas de ella se convirtieron en ley.

En el caso de Justicia 2020, donde se recibieron aportes de 15.000 participantes, en una experiencia inédita a nivel de discusión sobre proyectos de ley e iniciativas en general, se idearon 101 iniciativas a través de 21 equipos de trabajo con ejes como Derechos Humanos y las áreas Civil y Penal. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo 63 reuniones de trabajo en todo el país.

Entre las numerosas iniciativas presentadas al Congreso, algunas consiguieron convertirse en ley. Es el caso de la creación de la figura del Arrepentido: esta herramienta permite que quienes aporten “información o datos precisos, comprobables y verosímiles” en causas de corrupción contra el Estado pueden recibir una reducción de la pena.

En la reglamentación publicada en el Boletín Oficial de esta normativa, se precisó que la pena se podrá reducir al grado de “tentativa respecto de los partícipes o autores”; es decir, a una “intención” no lograda de llevar a cabo el delito. También se precisó que en los casos que al informante se le atribuya un delito de prisión perpetua, su pena sólo podrá reducirse hasta los 15 años de prisión.

También se convirtió en ley el proyecto que unifica los fueros Criminal de Instrucción y Nacional en lo Correccional, que operan en la Ciudad de Buenos Aires. El primero de ellos atiende delitos que comprenden penas de más de tres años de prisión y cuenta con 49 juzgados, mientras que el segundo hace lo propio con delitos que contemplan penas menores a esa cantidad y tiene 14 de esos órganos judiciales.

Con el traspaso de competencias a un fuero creado después de que Capital Federal se volviera autónoma, conocido como Penal, Contravencional y de Faltas, desde el ámbito Correccional se redujo la carga laboral. Por eso se ideó esta unificación, de modo que se distribuyan más las causas entre los juzgados que pasarían a ser 53. De este modo se prevé aligerar el trabajo y ayudar a la resolución de los casos.

Otra de las iniciativas que apuntan a la reducción de tiempos procesales y que también cobró relevancia a nivel parlamentario y mediático es el juicio unipersonal: mediante esta herramienta, los integrantes de tribunales (órganos judiciales de tres jueces) puede, de forma individual y sin el acuerdo de sus colegas, resolver algunas cuestiones.

Por ejemplo, en delitos con penas de hasta 6 años será de uso obligatorio; para casos donde se contemplen penas de entre 6 y 15 años, su uso será optativo; y para los delitos con penas de más de 15 años, la constitución del tribunal será obligatoria.

Otra ley recientemente promulgada y sancionada este año es la de Flagrancia: mediante una modificación al Código Procesal Penal, el cuerpo normativo que regula los procesos del fuero Penal, las personas que sean atrapadas cometiendo un delito tendrán un juicio rápido que, sin dejar de contemplar sus garantías, evite la duración extendida del tratamiento. Esto es así debido a que no hay dudas sobre la culpabilidad del acusado.