Ordenan el uso de GPS en un caso de violencia de género

Lo decidió la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas porteña. El tribunal dispuso que se coloquen dispositivos de georeferencia para el agresor y para la mujer denunciante. Así se determinará en tiempo real la ubicación de la víctima y el victimario.

En una causa de violencia de género la Justicia porteña ordenó el uso de un aparato con geolocalización para ambas partes: a través de este método, se ordenó colocar tanto al acusado como a la denunciante un dispositivo de GPS. Fue una sentencia que tuvo su eco a nivel internacional: un informe del Departamento de Estado de los EEUU resaltó el fallo de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires. El organismo lo incluyó en un informe de situación que realiza anualmente sobre derechos humanos en la Argentina.

Según el “Incidente de apelación de prisión preventiva en autos H.B. s/Inf. 149 bis del CCP”,  el hecho ocurió el 17 de julio de 2016 en el interior del inmueble, en la calle Bolívar 766 donde convivían “J. B. H.” y “A.B.C.”. Ese día mantuvieron una discusión. El hombre se acercó a lu mujer con un cuchillo de cocina en sus manos y la amenazó: “Vos me tenés cansado, te voy a matar un día de estos”. Y efectúo un movimiento con el brazo, dándole a entender que la apuñalaría.

En primera instancia, el Juzgado lo condenó con prisión preventiva por el delito de amenaza agravada por el uso de arma. La fiscalía solicitó esta medida porque era un hombre con antecedentes penales, sumado a las pruebas en contra del acusado como el testimonio de la víctima, más los indicios probatorios de la intervención policial y el secuestro del arma.

El defensor oficial  solicitó a la cámara penal porteña que se revise la condena y su prisión preventiva por varios motivos: “Por la falta de verificación necesaria de la materialidad del hecho atribuido a J.B.H; por la necesidad de adoptar medidas menos gravosas; por la falta de acreditación del peligro de fuga en razón de la expectativa de pena y el riesgo de entorpecimiento del proceso”.

Argumentos del fallo

La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña (por la mayoría de los votos de la presidenta de la Sala de Feria, Marta Paz, y del camarista Sergio Delgado) resolvió revocar la prisión preventiva. Tuvieron en cuenta, explicaron, argumentos sobre la protección de las víctimas pero también el respeto de las garantías constitucionales de los imputados.

“Un nuevo sistema de vigilancia electrónica cuyo uso ha sido dispuesto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires permite conocer en tiempo real la ubicación del sujeto sometido a dicho control.  El dispositivo permite supervisar, rastrear y localizar a agresores y proteger a las víctimas de violencia de género mediante la colocación de dispositivos de georeferencia portátiles”, expresó la jueza Paz.

La sentencia mencionó que “hasta tanto se dicte una sentencia de condena, rige para el imputado de un delito la presunción de inocencia” porque así lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, concordante con lo que se desprende del artículo 18 de la Constitución Nacional.

De acuerdo a lo resuelto, se ordenó la exclusión del imputado del hogar que comparte con la víctima, ya que en el domicilio de la pareja habría tenido lugar el hecho investigado. La sentencia prohibió al acusado “acercarse a menos de mil metros del lugar en que se encuentre” su mujer y madre de su hijo de 6 años, quien estuvo presente al momento de efectuarse la amenaza. Y se revocó la prisión preventiva del acusado.

El fallo dispuso la aplicación de la resolución Nª 484 del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que definió un protocolo para la operatividad del Sistema de Supervisión, Monitoreo y Seguimiento de Personas en Conflicto con la Ley. Así, se ordenó colocar tanto al hombre acusado como a la mujer denunciante “un dispositivo de geoposicionamiento”. Cuando se dicte una sentencia definitiva en el expediente, dijeron los camaristas, el juzgado deberá establecer el límite temporal de la utilización del dispositivo.

Protocolo de actuación

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño aprobó un documento que sirve de modus operandi para este tipo de casos, donde el Centro de Monitoreo y Gestión controla la localización de las personas afectadas por medidas de prohibición de concurrir a lugares públicos; de acercamiento, impedimento de contacto y violencia de género; y con arresto y prisión domiciliaria.

Y deberá dar trámite al pedido de los magistrados en el plazo de 48 horas. La colocación de los aparatos a las partes involucradas se realiza en el domicilio de la víctima, en el juzgado o la fiscalía donde está alojado el acusado.