Tratamiento reproductivo es considerado derecho a la familia

La Corte Suprema de Salta obligó a una obra social a dar cobertura para un tratamiento de fertilización a una asociada. El fallo destaca que el “derecho de la maternidad sin discriminación”.

La demanda de una paciente consistía en que su obra social le cubriera el 100 por ciento de su tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad y el pago de la suma de 7500 pesos en concepto de estudios previos.

La Ley 26862 sancionada en 2013 es la que regula los procedimientos de fertilización a nivel nacional. En ese marco, establece ciertas reglamentaciones sobre el acceso integral a los procedimientos y las garantías que deben brindar las obras sociales a sus pacientes.

El artículo 8 del Decreto 956/13 especifica la cantidad de tratamientos que una paciente puede recibir. “(…) podrá acceder a un máximo de cuatro anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta tres con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos”. Así como que el paciente deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como requisito previo al uso de las técnicas de mayor complejidad.

La causa, que tuvo como demando al Instituto Provincial de Salud de Salta, recorrió varias instancias hasta llegar al Máximo Tribunal de Justicia de la provincia norteña. Sus cinco integrantes se manifestaron de acuerdo con que el espíritu de los legisladores al sancionar esta regulación era la “atención integral” a todos los ciudadanos que necesiten este tipo de métodos de reproducción, así como “ampliar derechos de la salud”.

El voto mayoritario de los jueces supremos explicó que hubo sentencias precedentes y que tratados internacionales avalan su fallo. Citaron el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que garantiza el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”, así como la Declaración Americana de Derechos Humanos, en la cual se expresa que “toda persona tiene el derecho de (…) disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos”.

En los argumentos del veredicto, hacen hincapié en el espíritu de la ley sancionada hace tres años por el Congreso de la Nación. “El legislador plasmó en los considerandos del Decreto 956/13, reglamentario de la ley en cuestión, su intención de efectuar el reconocimiento amplio del derecho de toda persona a la paternidad/maternidad y la condición de derecho humano del acceso integral a técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida ligado a la dignidad, a la libertad y a la igualdad y sin limitaciones que impliquen discriminación o exclusión fundadas en la orientación sexual o el estado civil de quienes peticionan por el derecho regulado”.

En tanto, los jueces salteños entendieron que hay que “consagrar un acceso universal a los tratamientos de fertilización asistida, sin diferencias discriminatorias, que permitan a las personas hacer efectivo el derecho humano a procrear y formar una familia, cuya vigencia no podría verse amenazada por una limitación impuesta en una disposición reglamentaria”.

Y destacaron que la sanción de la norma es el reconocimiento amplio en el acceso a las técnicas de reproducción asistida, y “el entendimiento de que lo que estaba en juego era un derecho humano: el de formar una familia”.

El fallo de los magistrados Guillermo Posadas, Ernesto Samsón, Susana Kauffman, Guillermo Catalano y Sergio Vittar, con la mayoría de tres votos, dispuso que “el Instituto Provincial de Salud de Salta deberá brindar la cobertura de tres tratamientos de fertilización de alta complejidad, con intervalos de tres meses como mínimo entre cada uno de ellos”.

Y agregó que “en este caso si se requiriese nuevos procedimientos, quedarán sujetos al informe que brinden los médicos de la actora (paciente) sobre la necesidad de efectuarlos y la posibilidad de un resultado favorable que los justifique, sin perjuicio de las facultades de control, auditoría o dirección que le corresponde a la obra social”.