El criterio de imputabilidad de menores en el mundo

¿Cómo son los regímenes penales juveniles en todo el mundo? Las diferencias son evidentes a la hora de recorrer los criterios que se adoptan en los distintos países. Condenas y menciones expresas a la reinserción social.

En Chile, un chico de entre 14 y 18 años cuyo destino está atado a una decisión judicial, ya no depende de que un juez lo encuentre “consciente” o no de sus actos al momento del delito sino que rige un sistema penal especial desde hace ocho años.

Esa ley, la 20.084, además de fijar el régimen, erradicó la polémica figura del ‘discernimiento’, una prerrogativa judicial que permitía que cada tribunal decidiera si castigaba o no como un adulto al joven imputado de acuerdo al grado de “conciencia de sus actos”, que surgía de una serie de exámenes. En una instancia similar se encuentra Argentina, que arrancó el año discutiendo la necesidad de un nuevo régimen integral de Responsabilidad Penal Juvenil que subvierta su carácter “paternalista” por uno orientado a la reinserción.

Otro país -en otro continente- que emplea los 14 años como bisagra para imputar a una persona es España. “Cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad”, señala su normativa, la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

No obstante, si bien la edad penal mínima se alcanza a los 18, a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades. Dice la Ley: “Exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”. No impone “penas” sino “medidas” orientadas a la reeducación.

Todos los países de América Latina, menos Argentina, tienen sistemas de responsabilidad penal juvenil, que rigen a partir de los 14 hasta los 18 años: Algunos como Brasil -que fue pionero-, dejaron afuera del derecho penal de adultos a los menores de 18 años, estableciéndolos penalmente inimputables, mientras que otros como Uruguay, fijaron su responsabilidad desde los 13, 14, 15, 16 o 18.

Es importante destacar en este punto que, sobre todo en Latinoamérica, los sistemas penales juveniles siguen teniendo artículos que confunden derecho penal con protección de derechos, por lo que se habilita a que -aunque declarados no punibles, como en Argentina- o inimputables, el sistema penal pueda privar a un joven de su libertad bajo argumentos de protección.

El caso chileno

Stephanie Bridger
Sesión de Jóvenes Parlamentarios INADI

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente contempla sanciones de tres tipos: privativas de libertad, no privativas de libertad y accesorias. Las primeras consisten en una internación en régimen cerrado (Servicio Nacional de Menores) o semicerrado (en una residencia obligatoria pero donde cuenta con programas internos y externos al establecimiento), siempre que el infractor sea condenado por los delitos más graves, como homicidio calificado o robo calificado, en el primer caso, y robo con violencia, violación u homicidio, o secuestro con violación, en el segundo.

En ambos regímenes, la continuación de los estudios, aprendizaje de oficios, manejo de tecnologías digitales, tratamiento de adicciones y fortalecimiento del vínculo con la familia son obligatorios.

Entre las sanciones no privativas de libertad se incluyen la libertad asistida, donde el adolescente es orientado, controlado y motivado por un delegado, que debe procurar su acceso a programas y otros servicios para la reinserción. Este tipo de sanción no excede los tres años.

Otra pena es la reparación del daño causado a la víctima, que se hará efectiva mediante una prestación en dinero, restitución o reposición del bien o un servicio no remunerado. Luego, puede ser penado a cumplir servicios comunitarios o multado.

Las sanciones accesorias contemplan la rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. También se puede prohibir la conducción de vehículos motorizados hasta cumplir los 20 años.

Europa y Estados Unidos

Patrick Haar
Fotos: Patrick Haar

Existen numerosas diferencias a la hora de establecer la edad penal en el mundo: desde los siete años en Suiza a los 18 en Bélgica, pasando por los 14 en España y Alemania, y diez en Inglaterra.

En Estados Unidos, 33 Estados no tienen fijada una edad mínima de responsabilidad penal, lo que permite teóricamente a cualquier niño ser condenado a penas de cárcel, sea cual sea su edad.

Suiza regula un régimen sancionador para niños de 7 a 14 años, con penas más bajas, y para adolescentes de 15 a 18 años. Normalmente, este país apuesta por medidas de reinserción, terapéuticas y educativas, aunque en los casos más graves los menores pueden ser internados en un centro.

En un punto intermedio se encuentra Suecia, cuyo sistema de justicia penal juvenil prevé una edad mínima de responsabilidad penal, que se alcanza al cumplir los 15 años.

En el caso de Bélgica, aunque considera a los menores de 18 años penalmente irresponsables, regula el internamiento en régimen cerrado reservado a mayores de 12 años, mientras que en Grecia, los niños menores 13 años no pueden ser considerados penalmente responsables de un delito y sólo pueden ser objeto de medidas educativas.

En Francia, por su parte, la edad penal se fijó en 13 años y está prohibido mantener en detención provisional a un menor de 16 años. No obstante, existe un régimen civil especial para los menores de 13 años, que podrán ser interrogados por la policía en situación de detenidos.

Además, no existe un código específico para menores, sino que se les aplican las mismas penas que a los adultos, aunque con una considerable atenuación, modelo seguido por los países escandinavos.

Por ejemplo, si la pena a imponer por el delito fuera de cadena perpetua, se puede castigar a los mayores de 13 años con una pena de prisión de hasta 20 años.

En Holanda, se considera que un niño menor de 12 años no tiene capacidad para cometer un delito, y por lo tanto, cuando se presenta uno de estos casos ante las autoridades policiales, se desestima automáticamente.

Los casos se remiten a los servicios sociales, a los servicios médicos si la conducta del niño se debe a trastornos emocionales, o al Consejo para la Protección de la Infancia cuando la conducta del niño se deba atribuir a abusos o a su dependencia de drogas o alcohol.

En Inglaterra, la competencia de los Tribunales de Menores está circunscrita al menor de edad penal, es decir, a los niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años.

No obstante, entre los 10 y los 14 años, los menores son “niños” desde el punto de vista legal, entre 15 y 16 años son “jóvenes”, y los que cuentan entre 17 y 20 años son “semi-adultos”.

Así, para poder perseguir a un “niño” ante los Tribunales de Menores, hay que demostrar que en el momento de la comisión del delito tenía capacidad para discernir y era consciente de que estaba actuando mal. Con respecto a los “jóvenes”, sin embargo, se parte de la presunción de que tienen capacidad de discernimiento, y en su caso, es la defensa la que tiene que demostrar lo contrario.

En cuando a los “semiadultos”, son tratados procesalmente como adultos, pero a la hora de imponer la sanción se recurre al sistema de sanciones vigente en el derecho penal juvenil.

Además, en Inglaterra e Irlanda los tribunales de menores pueden imponer sanciones a padres y tutores, si se prueba que una falta deliberada en el cuidado y control del niño ha contribuido a la conducta delictiva del menor.