Stella Maris Martínez


La defensora General de la Nación evaluó de manera positiva su aplicación. Con esta herramienta, los tiempos de duración del proceso se acortan de manera notable.



La titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, destacó el procedimiento de flagrancia establecido por la ley 27.272, que introdujo la oralidad en la etapa de investigación preliminar para los delitos cometidos in fraganti. Para la defensora, un sistema de justicia “que sea rápido es fundamental: la flagrancia ha sido un éxito total, estamos contentísimos”, afirmó.

La funcionaria también bregó por “devolver las cosas a su justo lugar”. “La Defensoría está absolutamente comprometida con el sistema adversarial”, dijo, en una reunión de trabajo que mantuvo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y colegas de todo el sistema judicial.

Es que en el marco de uno de los ejes penales del programa Justicia 2020, Garavano convocó a autoridad de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para dialogar sobre la etapa de implementación en la que se encuentra el nuevo cuerpo normativo de procedimientos para causas penales: el Código Procesal Penal Federal.

La finalidad de estos encuentros promovidos por el Ministerio de Justicia es el diálogo entre todos los operadores judiciales con el fin de colaborar y dar asistencia técnica en la reforma procesal que lleva adelante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Primer año de flagrancia

El Informe Anual de Monitoreo y Evaluación de la implementación del procedimiento de Flagrancia elaborado por la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal (que depende de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal) demuestra que con la posibilidad de aplicar la flagrancia a los procedimientos se dotó a los magistrados de un recurso ágil para juzgar con mayor celeridad.

Los últimos datos exhiben que en el año de aplicación de la ley 27.272 -promulgada el 1 de diciembre de 2016-, la Unidad realizó cinco relevamientos presenciales en la Justicia Criminal y Correccional Nacional para analizar su puesta en práctica.

Los procesos orales relevados muestran que el 69 por ciento de las “decisiones definitivas” se “resolvieron en menos de 30 horas”. Ya sea en el caso una elevación a juicio, decisiones finales, audiencia de clausura, o incompetencias.

En enero los tiempos de duración del proceso desde la detención del acusado hasta la primera audiencia con el juez fueron de “26 horas”. Mientras que la duración de la audiencia oral transcurrió en “28 minutos” y la “espera en la realización de la audiencia que en promedio fue de 56 minutos”.

Los delitos relevados se “mantuvieron estables durante todo el año y prevalecieron robos y hurtos”, explicaron desde la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal. Los números marcan que el 83 por ciento de los procesos penales observados fueron por “robo o tentativa de robo o hurto”.

Casos resueltos con celeridad

De las audiencias observadas, un 25 por ciento del total fueron condenas, en un 36 por ciento el tribunal falló por la “suspensión del proceso a prueba” o “probation” en el cual la Justicia le brinda al acusado otras alternativas a la cárcel como tareas comunitarias en delitos considerandos leves.

Siguiendo con esta estadística, el 19 por ciento de los imputados fueron “elevados a juicio”, mientras que 5 personas “fueran sobreseídas” (8 por ciento), y el restante 12 por ciento fue resuelta por “audiencias de clausura” o “conexidad” con otras causas similares.

En esa línea, el 59 por ciento de las decisiones fueron sentencias que declararon la “libertad de los acusados, o sea 35 personas”, mientras que hubo “un 41 por ciento de prisiones preventivas (24 personas)”. En tanto, la mayoría de los imputados fueron argentinos (78 por ciento), mientras que el 90 por ciento de género masculino, y el 10 restante femenino.

Algunas de las conclusiones de este quinto informe de audiencias focalizan en “la importancia de que los casos se resuelvan con celeridad”, que “se incrementaron las condenas, que pasaron de un 3 a un 25 por ciento”, que “aumentaron las suspensiones del proceso a prueba de un 14 a un 36 por ciento” y que “disminuyeron los sobreseimientos de un 22 a un 8 por ciento”.