Juan José Benitez, subsecretario de Justicia y Política Criminal

“Es un cambio absoluto de paradigma de nuestra Justicia federal”

En detalle, de qué trata el proyecto que creará un Código Procesal Penal Federal, que cambiará la forma de investigar y juzgar los delitos en toda la superficie del país.

Una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en diciembre de 2015, fue posponer la implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que había sido modificado de forma integral ese mismo año. Uno de los problemas que presentaba era que no contemplaba la lógica de las investigaciónes de la Justicia Federal. Por eso, Juan José Benitez, subsecretario de Justicia y Política Criminal, explica de qué se trata el proyecto que creará un Código Procesal Penal Federal, que también se complementará, de aprobarse, con un nuevo Código Penal que también será discutido a nivel parlamentario.

-¿De qué se trata la Reforma Penal?

-Es un cambio absoluto de paradigma de nuestra Justicia federal. Lo que nos proponemos es reformar el sistema de Justicia, pasando de un sistema mixto inquisitivo donde los jueces eran los protagonistas –y quienes llevaban adelante las investigaciones-, en expedientes escritos, sin publicidad y sin acceso para la gente de sus resoluciones. Ahora pasaremos a un sistema acusatorio en el que el centro pasa a ser la víctima, donde quienes impulsan la investigación son los fiscales y donde todo se a resolver en audiencias orales y públicas. Esto va a dar transparencia, el sistema va a permitir la agilización de los procesos, que además dejan de ser escritos y pasan al expediente digital. La gestión de las investigaciones va a ser enteramente digital.

-¿Por qué era importante avanzar en esta reforma?

-La necesidad de esta reforma está dada claramente por los datos estadísticos que hemos obtenido y que hemos logrado procesar. ¿Qué es lo que nos demuestra el sistema actualmente? Que es un sistema ineficaz, que no brinda respuestas adecuadas a la sociedad. En diversas encuestas que se han hecho desde el Ministerio de Justicia se reflejó que el 88% de la población está pidiendo un cambio del sistema penal. Y una de las mayores críticas al actual sistema es la burocracia, lo que demoran los procesos. Si nosotros vamos a qué es lo que hace sucedido con los procesos penales de alto impacto en estos años veremos que la duración de esos procesos es muy larga y que tardan muchos años en llegar a juicio, que es en definitiva el lugar en el que se tiene que resolver el caso. Con el sistema acusatorio el tránsito hacia el juicio es muy breve y el centro del proceso es justamente el juicio, donde en forma oral se tiene que resolver el conflicto y se tienen que plantear todas las cuestiones concernientes a ese caso. Introduce cuestiones novedosas, como la colaboración entre fiscales provinciales y federales para poder ir en conjunto hacia investigaciones de mayor calidad y de más impacto en la cuestión central que es el combate al narcotráfico.

-¿Cuáles eran las principales inquietudes o problemas que transmitían desde las provincias?

-El primer problema de diseño que tenía el Código Procesal Penal aprobado en 2014, cuya implementación suspendimos en diciembre de 2015, fue que estaba diseñado para delitos comunes. Tenía un diseño pensado en la Justicia nacional, en la Justicia que funciona en la ciudad de Buenos Aires, y no preveía la incorporación de ninguna técnica de investigación para delitos complejos. Difícilmente la justicia federal, que tiene que llevar adelante investigaciones de narcotráfico, trata de personas, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y lavado de activos, pueda llevar adelante estas investigaciones sin herramientas adecuadas. Sin posibilidad de hacer allanamientos digitales, sin la posibilidad de utilizar agentes encubiertos, de utilizar bien la figura del arrepentido, de utilizar distintas medidas si se quiere de escuchas acústicas. Todas estas circunstancias no estaban contempladas en ese Código.

-¿Había otros problemas?

-Sí, también habíamos notado que tenía un diseño que en algunos casos favorecía la impunidad. Básicamente tenía un artículo que impedía que aquella persona que colaborara en una investigación como imputada y que arreglara o pactara un juicio abreviado: los dichos de esa persona no se podían usar contra los coimputados. Quedaban vedadas la posibilidad de una negociación y de que el fruto de esa negociación pueda ser utilizado para investigar a los coimputados.

-¿Cómo atacará el nuevo Código Procesal Penal Federal el narcotráfico?

-La lucha contra el narcotráfico constituye uno de los tres ejes más importantes de nuestro gobierno. Lo que teníamos que darle al Código Procesal eran herramientas dinámicas de investigación que permitieran adaptarse a la idiosincrasia que hoy tienen las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Tengamos en cuenta que las organizaciones que se dedican al narcotráfico no se dedican únicamente al comercio, sino que se dedican a un montón de actividades paralelas, delictivas, para consolidar el comercio de droga. Entonces una herramienta fundamental es la cooperación de fiscales locales y federales, de forma tal que aquellos fiscales locales que están abocados a la investigación del delito común puedan cooperar con los fiscales federales en la investigación de ese delito con la organización narcocriminal.

-¿De qué forma se complementará con la reforma del Código Penal?

-Tenemos un Código que ha perdido la sistematicidad, no recepta las nuevas conductas delictivas que hoy están en boga en todo el mundo. No tiene coherencia en las penas, tiene establecidas conductas que han dejado de tener lugar y necesita, además, tener un poco más de coherencia en cuanto al manejo y el tratamiento que hay que dar a los condenados. Tenemos que regular mejor las penas en aquellos delitos que afectan gravemente a la sociedad, y tenemos que dar instrumentos claros y precisos para evitar la discrecionalidad judicial frente a muchos supuestos que generan mucha conmoción social. Por ejemplo, libertades anticipadas o libertades condicionales que se han otorgado en casos que la lógica indicaba que no podían hacerse.