Se hizo en la Casa Rosada, donde se recibieron aportes y sugerencias de ONG y especialistas en transparencia. Laura Alonso explicó que servirán para que no haya “dudas en contrataciones o juicios al Estado”.

La Oficina Anticorrupción (OA) presentó los proyectos de Decretos de Integridad en Juicios y Contrataciones vinculados al Presidente de la Nación. En un espacio de diálogo en Casa Rosada con ONG y especialistas en transparencia se recibieron aportes y sugerencias para incorporar a los decretos simples, que próximamente serán firmados por el Presidente de la Nación. Los proyectos están a disposición en la web de la OA. Allí, quienes lo deseen, pueden enviar sus comentarios y hacer sus contribuciones hasta el miércoles próximo.

En el encuentro con los representantes de la sociedad civil, la titular de la OA, Laura Alonso, estuvo acompañada por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el síndico general de la Nación, Ignacio Rial; y el procurador general del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín.

Alonso destacó que se está haciendo un “proceso consulta participativa” abierto a “organismos y expertos”. Valoró que “se hicieron muchísimos aportes” y sostuvo que estos proyectos de decretos son “una autolimitación del Presidente para sí mismo y para otros funcionarios de alto rango a fin de que no haya dudas en contrataciones o juicios al Estado”.

“Celebramos este debate sobre la integridad pública. Estas son soluciones institucionales en la órbita del Poder Ejecutivo”, expresó la titular de la OA. Y agregó: “Queremos avanzar en otras reformas legislativas importantes, como la de la Ley de Ética Pública, la de transición presidencial y la de gestión de intereses”.

Entre los invitados hubo integrantes de: Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Colegio de Abogados de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Marval O’Farrell y Mairal, Poder Ciudadano y Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).

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Qué dice el texto de las iniciativas

El proyecto de decreto de integridad sobre juicios aplica en casos de parentesco, pleitos, amistad o enemistad y carácter de acreedor o deudor con el Presidente y/o el vicepresidente. Establece que, en estos casos, el Estado será representado por la Procuración del Tesoro, que deberá publicar en su web el listado de causas en las que aplica este decreto y el estado de las mismas.

Previo a cualquier toma de decisión que ponga fin al juicio, la Procuración del Tesoro deberá informar a la Oficina Anticorrupción, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Comisión Mixta de Cuentas del Congreso, a la vez que anualmente deberá enviar al Poder Legislativo un informe detallado sobre la aplicación de este decreto.

El proyecto de decreto de integridad sobre contrataciones públicas aplica en casos de parentesco, pleitos, amistad o enemistad y carácter de acreedor o deudor con el Presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, ministros y titulares de organismos descentralizados y/o titulares de empresas de propiedad estatal. El texto dice que estarán obligados a brindar mayor información pública sobre antecedentes laborales y su grupo familiar directo.

Todo aquel que quiera contratar con el Estado deberá presentar una Declaración Jurada de Intereses sobre vínculos con los funcionarios alcanzados por este decreto. Si la vinculación es con el Presidente, el vicepresidente o el jefe de Gabinete, el ministerio o entidad que contrata estará obligado a incorporar una de las siguientes herramientas de transparencia: pactos de integridad, participación de testigo social, veeduría de organismos de control o realización de audiencias públicas.

En estos casos, queda prohibida la contratación directa. Por su parte, si la vinculación es con el titular del ministerio u organismo que contrata, ese titular no podrá intervenir y deberá informar al Jefe de Gabinete para que designe a otro funcionario para que intervenga.