Casi 50 mil declaraciones juradas de funcionarios en estudio

La Oficina Anticorrupción es el órgano que se encarga de revisar los patrimonios de los funcionarios para tratar de evitar robos o defraudaciónes al Estado. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea? ¿Cómo funciona este régimen?

Este año, cerca de 47.900 funcionarios de todas las áreas del Estado nacional, entre la gestión actual y la anterior, debieron informar acerca de su patrimonio: propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes que obtuvieron largo del último año. Entre ellos también se cuentan los legisladores nacionales, no así los miembros del Poder Judicial, que lo hacen mediante un sistema propio.

Esas presentaciones son las Declaraciones Juradas que conforman una de las herramientas de control contra delitos relacionados con el robo o defraudación al Estado, y otras infracciones de gravedad. Se trata, esencialmente, de una forma de prevención de la corrupción.

La revisión del régimen está a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA), dirigida por la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso. En esa dependencia consideran que se trata de un “mecanismo de transparencia” que permite detectar cualquier tipo de conflicto entre los intereses privados, es decir, los negocios o movimientos particulares de los funcionarios, con el público.

La OA tiene, además, facultad para investigar los indicios de un posible enriquecimiento ilícito, tras la revisación de esas Declaraciones, e imponer sanciones en caso de corroborar irregularidades.

Se puede acceder a cualquier declaración jurada -las de 2012 en adelante se encuentran en la web, y las anteriores se remiten en formato papel- basta ingresar el apellido de la o el  funcionario, más el cargo y dependencias en las que trabaja o trabajó. Del solicitante, los únicos datos de carga obligatoria son el nombre completo y número de DNI. Accesorimente, se puede aclarar si el interés es periodístico, académico o de otro tipo.

Se puede acceder tanto a las declaraciones juradas de funcionarios ejecutivos como legislativos en formato digital, a partir de 2012. Si son previas, la respuesta se remite en formato papel, a las 72 horas.

Los funcionarios tienen tiempo hasta el 30 de mayo de cada año para presentar sus declaraciones juradas, y por su parte, la OA tiene 10 días para procesar los datos. El próximo 13 de junio el organismo darán a conocer los nombres de quienes no realizaron su presentación.

Si un integrante de la función pública no presentara la declaración, se lo intima para que lo haga en el plazo de 15 días. De no llevar a cabo este trámite, se lo puede acusar por el delito de omisión maliciosa, que contempla penas desde 15 días a dos años de prisión, e inhabilitación para volver a ejercer un cargo.

Los controles que lleva a cabo la OA no tienen un tiempo estipulado, ya que cada caso es particular y puede resultar más complejo que otros. En general, hay procedimientos establecidos, con fórmulas específicas, que permiten arribar conclusiones sobre las presentaciones.

Dato Útil:

Para consultar una declaración jurada:

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