La mediación, una instancia para resolver conflictos entre vecinos

Una mujer denunció en la justicia a su vecino por amenazas, porque se oponía una reforma en su hogar. El problema se resolvió con un mecanismo prejudicial que está contemplado en el Código Contravencional.

Dos vecinos de la ciudad de Buenos Aires resolvieron un conflicto en una instancia de mediación y evitaron así llegar a juicio. Se trata de una acción contravencional por hostigamiento que presentó hace un año la dueña de un PH contra su vecino porque éste se opuso a las obras de reformas, con una “actitud intimidatoria”. Tras la mediación, un mecanismo alternativo de resolución de conflictos previsto en el artículo 41 del Código Contravencional, las partes alcanzaron un acuerdo, homologado por la jueza María Gabriela López Iñíguez, subrogante del juzgado N°10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

En su resolución, la magistrada también declaró extinguida la acción contravencional debido a que “los términos del acuerdo asentados en el instrumento en estudio resultan idóneos para la solución del conflicto suscitado entre los interesados”, y que lo conciliado “no afecta el interés público o de terceros”.

Con acuerdo pero sin contacto

La causa está caratulada como “R.S. sobre infracción artículo 52, Hostigamiento-Código Contravencional”. La inició la propietaria de una vivienda en proceso de reciclaje. Según la mujer, el inquilino del inmueble lindero se presentó con prepotencia y la amenazó: “Nunca vas a terminar la obra”, “te vas a arrepentir”. La denunciante aseguró también que su vecino dificultó los trabajos de remodelación al punto de lograr su clausura por cinco meses.

Tras la denuncia, las partes finalmente llegaron a un acuerdo en el marco de una instancia de mediación prejudicial. En el proceso interviene un mediador -que debe ser un abogado especializado-, que facilita el diálogo y contribuye a alcanzar consensos.

De esta manera se evitó que la causa llegara a una instancia judicial, que podría haber concluido con sanciones de, por ejemplo, 200 mil pesos, entre uno y cinco días de trabajo de utilidad pública o hasta cinco días de arresto, según indica la normativa para las contravenciones como el hostigamiento, amenazas o maltrato.

Según lo pactado en la mediación, la dueña de la vivienda y el inquilino denunciado se comprometieron a no mantener “ningún tipo de trato, contacto o relación, sea esta personal, telefónica, mediante redes sociales, mensajes de texto, y/o cualquier otra vía existente o a crearse”. Además, dispusieron que, en caso de encontrarse ocasionalmente, evitarán “gestos, actitudes o diálogos provocativos y desafiantes”.

Por último, para evitar todo tipo de contacto, las partes aceptaron recurrir al propietario del inmueble ocupado por el denunciado para que actúe como intermediario cuando se deban resolver cuestiones respectivas a las obras.