El Ministerio de Justicia difundió nuevas cifras en torno a esta normativa. La idea de esta legislación es aplicar procesos más rápidos para personas que son atrapadas mientras cometen un delito.

Con la idea de hacer más cortos los procesos en contra de las personas que son atrapadas cometiendo un delito, el primero de diciembre del año pasado entró en vigencia la Ley de Flagrancia.

Desde la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal se llevó a cabo un seguimiento de la aplicación de la nueva normativa, brindado datos de cuántos casos ingresaron a la Justicia y en cuántos se llevaron a cabo audiencias, cuál fue su duración y cuántos terminaron con una sentencia de prisión, entre otros datos.

Los datos de las audiencias, difundidos desde la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pertenecen al período que va del 16 de diciembre pasado al 31 de enero de este año. La información viene en buena parte del Servicio Penitenciario Federal, de acorde a sus planillas de ingreso; y también, de juzgados nacionales.

En este lapso de tiempo, se llevaron a cabo 89 audiencias y se cancelaron dos. El hecho de que haya habido un nivel tan bajo de cancelaciones implica “un importante logro para los actores encargados de celebrar las audiencias”.

Entre otras cosas, la normativa establece que la primera audiencia debe llevarse en menos de 48 horas desde la detención de la persona que cometió el delito. Por este motivo, el hecho de que el promedio para las audiencias relevadas sea de 30 horas aparece como un dato positivo. Por su parte, la duración de estos encuentros fue, en promedio, de 30 minutos.

En el primer “turno” de vigencia de la ley, que va del primero de diciembre del año pasado al 16 de ese mismo mes, ingresaron a cárceles federales 205 personas. En el segundo turno (el lapso de tiempo de este informe), fueron 103 los casos. Desde el órgano que recogió la información aclararon que si bien hay una disminución entre el primero y segundo turno en cantidad de audiencias y casos, esto es algo que sucede cuando se implementan nuevas formas en el proceso Penal.

Otro dato que surgió del informe es que el 73% de los alcanzados por esta normativa fueron argentinos; el 16% provenían de países limítrofes; el 9% de Perú; y el 3% final de otros países. Esto implica que el 28% eran extranjeros.

Los números también se ven afectados por el hecho de que fueron recolectados en enero, un mes en el que el Poder Judicial nacional y de las provincias cesa sus actividades y sólo atiende asuntos “urgentes”. El próximo informe estará elaborado a fines de marzo.