La ley del arrepentido y otras herramientas similares

El presidente Mauricio Macri precisó que se impulsará la ley del arrepentido, pero que hay herramientas vigentes que los jueces cuentan para poder actuar en esa dirección. ¿Cuales son y qué se proyecta modificar?

Hay que distinguir los casos en los que se puede usar la también llamada delación premiada según qué tipos de delitos se estén investigando. Trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo son algunos de las figuras penales que tienen vigencia.

La ley de estupefacientes (24.424) permite reducir las penas hasta la mitad del máximo o eximirla a los condenados en dos casos: cuando revelen la identidad de sus cómplices y aporten información relevante que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes o dinero de origen ilícito.

Consultado al respecto, el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borisnky, aseguró que una ley específica para los casos de corrupción será “un instrumento efectivo para los delitos contra la administración pública como enriquecimiento ilícito o negocios incompatibles”.

El magistrado también advirtió que “no pueden ser beneficiados, ni jefes, ni ministros. Los altos cargos deben quedar excluidos”. El camarista arguyó que el resultado que debería obtenerse es la revelación de la “identidad de autores de los delitos, la recuperación de bienes.

Finalmente, Borinsky señaló que el proyecto propuesto prevé la “protección de testigos e implicados, con colaboración y brindando los recursos económicos que necesiten” estas personas.

Por su parte, Ricardo Gil Lavedra, quien era ministro de Justicia cuando se sancionó la ley 25.241 que crea la figura del arrepentido en casos de terrorismo, opinó que “habría que tener una sola ley que regule el instituto y enumere de forma clara todos los delitos a los cuales se podría aplicar. Hace falta una legislación que amplíe y unifique los criterios. Hay que asegurarse que el arrepentido actúe de forma espontánea y sin presiones, que no se trate de beneficios procesales, y que la colaboración sea eficaz”.

En cuanto al terrorismo y al lavado de activos, las leyes 25.241 Y ley 26.683 plantean “excepcionalmente” la reducción de las penas al imputado que colabore “eficazmente con la investigación”. Los procesados podrían obtener el beneficio si brindan información esencial para evitar la continuidad de la acción delictiva o para ayudar a esclarecer el caso.

Asimismo, también se prevé que obtengan la pena mínima si contribuyen a acreditar la existencia de una asociación ilícita. La ley especifica que toda persona que incurra en falso testimonio será castigado con una pena de entre 1 a 3 años de prisión.

En diversos países existe profusa legislación y hay casos de castigos.

Por último, con respecto al delito de trata de personas, la ley 26.364, prevé la posibilidad de reducir la pena para quienes siendo partícipes o encubridores, brinden información útil en los casos de privación ilegal de la libertad, trata y secuestro extorsivo.

El Investigador del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, Fernando Basch, explicó que sería importante la incorporación de la figura del arrepentido para investigar causas de corrupción. Pero dejó algunos lineamientos sobre su efectivo funcionamiento.

Por un lado, explicó que se requiere que “exista una amenaza cierta de que quien delinquió sufrirá un castigo relevante”; también que el condenado “acepte su responsabilidad, delate a terceros y sea condenado, con tal de que su pena sea atenuada”.

Y por último, que “tenga la protección suficiente para no temer represalias por parte de quienes han sido delatados” y que la “justicia pueda descartar con efectividad informaciones falsas o que tengan el objeto de desviar las investigaciones”.