La Justicia neuquina subasta más de 1.300 motos y 850 autos

En Neuquén, el Poder Judicial puso a disposición esa cantidad de vehículos para que sean subastados. La iniciativa reaviva el debate sobre los bienes decomisados y el uso de los fondos que pueden generar.

Durante 2017 y fines del año pasado una discusión que, si bien no es novedosa, había sido apartada de la agenda legislativa, volvió a ponerse sobre la mesa: el destino de los bienes que provienen de actividades ilícitas. En nuestro país, aún no existe un régimen claro en el que ese dinero pueda ser usado en beneficio de la sociedad o administrado por el Estado.

En Neuquén, la gran cantidad de vehículos acumulados en el marco de causas judiciales que, por diversos motivos fueron secuestrados, llevó a que los integrantes del Poder Judicial tomen un decisión que puede redundar en muchos beneficios: subastar más de 1.300 motos y 850 autos.

Algunos están desmejorados, otros son de alta gama, importados, locales, de todas las marcas; hay, inclusive, un auto de marca BMW que perteneció a uno de los líderes de la banda de narcotraficantes santafesinos conocida como “Los Monos”.

Todos los coches que serán puestos a disposición de esta iniciativa fueron secuestrados en el marco de causas penales, y ninguno de ellos está en el depósito debido a una falta municipal (es decir, ninguno fue llevado allí por estar mal estacionado, por ejemplo). El listado de los vehículos se encuentra en la página del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial y en la del Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino.

Al mismo tiempo, desde la oficina de prensa del Poder Judicial anunciaron que los que no encontraran dueño serían compactados. También se dio un plazo de tres días a los dueños de los vehículos para que los reclamaran; de lo contrario, entrarían en la partida subastada.

¿Cómo funcionan los decomisos en Argentina?

A fines del año pasado, ingresó al Congreso un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo llamado de Extinción de Dominio. En líneas generales, proponía que los bienes que hubieran sido adquiridos con dinero de actividades ilícitas puedan ser decomisados y usados para fines sociales. En ese sentido, la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, señaló al defender la iniciativa que en los últimos cinco años detectaron “maniobras de lavado de dinero” por más de 4.000 millones de pesos.

En nuestro país ya existe una herramienta en este sentido, contemplada en el Código Penal de la nación: el artículo 23 de este cuerpo normativo establece que, cuando ya se dictó una condena, se pueden decomisar “las cosas que han servido para cometer el hecho y (…) las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios”.

También, y gracias a la sanción de la ley 26.683, los bienes provenientes del lavado de activos podrán ser decomisados sin una condena previa. La diferencia con la propuesta del Ejecutivo radica en el hecho de que no se trata ya de un decomiso, sino de una “extinción de dominio”: es decir, el acusado ya no tiene más poder sobre ese bien, ni puede reclamarlo.

En esta iniciativa se contempla la posibilidad de avanzar sobre la extinción sin necesidad de una condena previa, pero, sin embargo, hay algunos pasos antes; tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad de Información Financiera (UIF) deben llevar a cabo una investigación previa, de modo que se establezca si los bienes sobre los que se pretende extinguir el dominio fueron adquiridos con dinero de actividades ilegales.