La justicia santafesina comenzó a usar cámara Gesell

A raíz de un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Judicial, se puso en funcionamiento una unidad especializada en “medidas de prueba” en niños, niñas y adolescentes. De qué se trata y en qué casos se aplica esta metodología.

Someter a un niño, niña o adolescente a un interrogatorio después de haber sido víctima de algún tipo de abuso es, en un término acuñado por la psicología pero de uso interdisciplinario, revictimizarlos: hacerles contar la experiencia que vivieron una y otra vez frente a personas desconocidas, en fin, enfrentarlos a este proceso después de situaciones inenarrables.

El uso de la cámara Gesell, esa habitación dividida en dos por un vidrio espejado, en la que de un lado se lleva a cabo un interrogatorio y del otro se observa al interrogado, viene a tratar de reducir la revictimización. Si bien parece una herramienta común, en la Argentina no lo es, aunque se está avanzando en este sentido. Un ejemplo es el caso de la provincia de Santa Fe.

En abril pasado, gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial y el Poder Judicial santafesino, se puso en funcionamiento la Unidad Interdisciplinaria de Atención en Medidas de Prueba en Niños, Niñas y Adolescentes (Uiamp).

El Ministerio Público Fiscal santafesina solicitó, desde que comenzó a funcionar esa Unidad, 192 entrevistas. Ya se llevaron a cabo 130 entrevistas usando la cámara Gesell. Las 62 que no se pudieron hacer fueron por motivos ajenos a ese órgano, que depende del Poder Ejecutivo y es auxiliar del Poder Judicial.

El subsecretario de Asuntos Penales de la provincia, Lisandro Martínez Gorostiaga, precisó que “independientemente de la gran cantidad de medidas que se pudieron llevar a cabo gracias a la creación de esta unidad específica –superando el 65% de las requeridas– nos preocupa el alto porcentaje de cancelación. Hay que tener en cuenta que cualquier sistema de audiencias orales, y más cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, mide su efectividad y eficacia tolerando hasta un 20% de fracaso de realización de audiencias”.

Al tiempo que se ponía en funcionamiento este órgano, también comenzaban las capacitaciones y jornadas para su aplicación. El equipo de la Unidad está compuesto por psicólogos y psicólogas, que son quienes realizan las entrevistas, y por abogados que actúan como “enlace” con las personas que soliciten el uso de la herramienta.

El uso en la Argentina

El uso de esta metodología está contemplado en el artículo 250 bis del Código Procesal Penal. Allí se establece que los menores de 16 años que deban comparecer en un proceso penal, “las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente”. Si se trata de víctimas mayores de 16, y menores de 18, el tribunal debe pedir antes del testimonio un informe acerca de si existen riesgos para la salud psicofísica del menor.

La discusión acerca de su aplicación hace referencia a un concepto establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece que los Estados que adhieran a este tratado deben preservar a los menores de edad de, por ejemplo, situaciones de revictimización.

La reforma del Código Procesal Penal que incorporó esta herramienta fue sancionada en 2003 por el Congreso. Antes, hubo muchas discusiones acerca de su aplicación. Una posición defendía que no se debía usar porque generaba un daño psicológico mayor al que ya tenían los menores que habían sufrido un abuso. El proyecto de ley que finalmente se aprobó consideró que era una forma de incorporar el testimonio a la investigación causando el menor daño posible.

En 2005, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó un planteo en el cual se pedía que se declare inconstitucional el uso de la cámara, ya que se delegaba la “manipulación de un niño” a un técnico, es decir, el psicólogo que realizaba la entrevista. Los jueces de la Sala IV argumentaron, a favor del uso de la cámara Gesell, que “en esos caso lo que se evita es justamente revictimizar al niño ante el interrogatorio de sujetos, tales como jueces o empleados judiciales, que por no haber sido formados en la materia ahonden o le provoquen un nuevo perjuicio”.