La Justicia Nacional a un paso de “mudarse” a Capital Federal

La legislatura porteña aprobó los convenios que lograrán que los tribunales nacionales que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires pasen a ser “porteños”. ¿De qué se trata esta iniciativa y qué debe suceder para que sea llevada a cabo?

Después de la reforma de la Constitución argentina de 1994, Capital Federal dejó de ser un municipio y pasó a ser una Ciudad Autónoma. Esto implicó una serie de cambios en su forma de administrarse, como por ejemplo, tener un jefe de Gobierno propio y no un delegado del poder central; asimismo, pasó a contar con su propio Poder Legislativo, y con el Judicial la cuestión quedó sin terminar de resolverse.

En 1996 fue elegido el primer “gobernador” porteño (Fernando De la Rúa) y, un año antes, se sancionó la Ley 24.588, también conocida como “Ley Cafiero”, en referencia al entonces senador bonaerense que la impulsó, Antonio Cafiero. En esta normativa se establecieron algunos límites a la autonomía porteña. Además de no brindarle el control de la Policía Federal (que estuvo bajo la órbita de los ministerios del Interior y, posteriormente, de Seguridad), estableció que la Justicia nacional se mantuviera con esta característica.

Es decir, juzgados y tribunales de fueros como el laboral o el penal tienen en la actualidad competencia nacional, aunque actúen en la Ciudad. La Ciudad cuenta con un fuero Penal y Contravencional de Faltas, y otro Contencioso, Administrativo y Tributario. Por lo demás, todas las cuestiones que suceden en Capital Federal son tratadas por jueces nacionales.

Por este motivo, y después de muchos años de debate en torno a la autonomía porteña, los convenios que marcan el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires ya fueron aprobados por la Legislatura porteña, y ahora sólo requieren de una confirmación en el Congreso nacional para que, finalmente, la medida sea llevada a cabo.

A comienzos de este mes, los legisladores porteños llevaron a cabo el debate sobre el traspaso de ocho juzgados nacionales en lo Correccional (fuero Penal; allí se tratan delitos con penas menores a tres años de prisión); dos juzgados de Menores; el fuero de Defensa al Consumidor; la Inspección General de Justicia (IGJ); y el Registro de la Propiedad Inmueble.

Entre jueces, funcionarios y empleados judiciales en general, alrededor de 490 personas pasarán a formar parte, de aprobarse la iniciativa en el Congreso, de la nómina de la Justicia porteña. Los bloques políticos de la Legislatura avanzaron con un acuerdo generalizado sobre esta propuesta.

En julio del año pasado, en el marco de una discusión por el traspaso, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, destacó que este traspaso no será inmediato, sino que será “gradual” y “progresivo”, estipulando para ello un plazo de siete años.