Para la Justicia, la violencia de género debe investigarse siempre

El Tribunal de Casación bonaerense determinó que a pesar de que una víctima de violencia de género pidió que la investigación que involucraba a su pareja cese por un presunto cambio de conducta, no se podía abandonar la tarea por considerar que la mujer actuó presionada.

La situación no es poco común: una víctima de violencia de género alega que ya no sufre más problemas con su pareja, que cualquier situación a la que haya sido expuesta ya cesó. La experiencia en la materia indica que, en la gran mayoría de estos casos, las amenazas, la coerción y las presiones de diversa índole impulsan a quienes sufren este flagelo a negarlo para el exterior.

Así lo entendieron los integrantes de la Sala I del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que es la máxima instancia Penal (el recorrido al que llega una causa después de transitar juzgados, tribunales y cámaras) bonaerense. En el caso sobre el que fallaron, aceptaron la intención de la fiscalía de continuar investigando un caso donde medió este tipo de violencia y donde la mujer solicitó que cese la causa.

Los jueces entendieron que la víctima no actuó con libertad al hacer ese pedido, y por este motivo accedió al pedido del fiscal general del departamento judicial donde se llevó a cabo la investigación. Al mismo tiempo, los magistrados señalaron que los fiscales deben tener en cuenta si existió una posible (y verdadera) conciliación entre las partes, pero al mismo tiempo no deben dejar de prestar atención a si un pedido de este tipo no se dio en el marco de una presión.

Por su parte, el fiscal puso en debate otro tema que también suscita diferencias en la forma en la que se dan los fallos respecto de esta temática: si se debe proseguir la investigación en delitos de instancia privada. Esta instancia a la que refirió el fiscal, básicamente alude a que son delitos en los que el Estado (a instancia de la fiscalía o el juez de instrucción) no puede investigar por su propia cuenta. Es decir, no afecta al “orden público” de la sociedad, sino a una persona en su intimidad.

Para sustentar su posición, el fiscal alegó que una vez que la investigación fue puesta en marcha, ya no se puede frenar. Al mismo tiempo, entendió que los casos de violencia de género, por la gravedad de la problemática, no pueden ser considerados como causas de interés particular o privado sin más. Es decir, se tiene en consideración el riesgo que corre la víctima y la lucha contra un problema que afecta a persona pero que, de cualquier forma, se extiende largamente en nuestro país.

Si bien es cierto que en estos delitos de instancia privada se puede renunciar a la acción penal de forma voluntaria, en el caso se dieron algunas particularidades: la mujer, quien había declarado (y fue sustentado con declaraciones de vecinos) que sufría regularmente situaciones de violencia, quiso retirar la denuncia tan sólo diez días después de formularla.

Pero también generó muchas suspicacias el hecho de que, durante este pedido de suspensión de la acción penal, la víctima refirió que su pareja (con quien aseguró que no convivía más) estaba cumpliendo obligaciones con el patronato de liberados (un organismo de ayuda para ex presos), de modo que esta investigación podía complicar su situación allí. Esto es debido a que uno de los requisitos que le impusieron al victimario en el patronato es que no tenga denuncias en su contra.