Jorge A. Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal

La justicia la hacemos entre todos

Cuando se decide iniciar un camino hacia un objetivo determinado, como en este caso significa el mejoramiento del sistema de justicia en el área civil, resulta de primordial importancia el primer paso que se dé en el sentido indicado. El programa “Justicia 2020”, implementado por el Gobierno Nacional, ha materializado ese primer paso con la amplitud y la transparencia que significa interpretar que el sistema de justicia hace al normal desenvolvimiento de una sociedad, porque le brinda el respaldo suficiente para su adecuado desarrollo.

La existencia de un plan, que se ha abierto a todo aquél que estuviera interesado en brindar su aporte o su opinión, no solo jerarquiza la democratización del cambio que se persigue, sino que además afianza a la ciudadanía en el logro de su máxima confianza en el sistema que se desarrolle. Y demuestra la existencia de una planificación que se diseña con una finalidad determinada, que bien señalan las bases que debe contar con una proyección sistémica para su efectiva realización.

Para ello es importante tener en cuenta que el valor “justicia” no constituye una entelequia difícil de alcanzar, porque resulte imposible o de muy dificultosa realización, sino por el contrario corresponde interpretar que está en todos y cada uno de los ciudadanos poder propender a su realización, ya que requiere del compromiso de toda la ciudadanía para su efectiva realización.

Es tan importante como tener un nuevo Código Procesal, que se parta de la base de la distinción de los conflictos –que son inherentes a toda sociedad- para el diseño de las estructuras que resulten más apropiadas para su contención y resolución, para lo que conviene diferenciar a los conflictos complejos de aquellos que no tienen esa envergadura.

Y tan importante como ello es que los ciudadanos estén imbuidos de la trascendencia que tienen sus roles en la sociedad, no solo por el respeto que signifique la letra de la ley, sino por su aporte para la realización del valor “justicia”.

Para ello es necesario concientizar a la población toda de que tan importante es que un testigo brinde su testimonio, que puede permitir el acceso a la verdad de los hechos, como que un perito realice su tarea con la máxima eficiencia, porque también propende a ese acceso, como que el juez esté al frente del conflicto y no a su zaga para decidir sobre algo que no conoce sino a través de la letra de un expediente.

Y para todo ello, lo importante a advertir es que este enfoque del sistema en forma global requiere de una política pública de carácter judicial, que no solo involucre a los operadores jurídicos sino que se propague a toda la sociedad. Para valorar la interrelación que debe existir entre las distintas ramas del conocimiento para propender a ese valor justicia, como también para evitar la judicialización de todo conflicto, porque muchas veces resulta innecesario hacerlo.

Aquí cumple un rol esencial el abogado, quien primero debe detectar la existencia del caso, y luego el sistema que le ofrezca la prestación conveniente para superarlo a través de un método sencillo, transparente y lo suficientemente ágil como para que resulte efectivo.

Ese cambio al que se apunta ya viene impuesto por la fuerza de la realidad de los hechos que nos incorporó al mundo con el advenimiento de la democracia en 1983. La labor desarrollada desde entonces por los tres poderes del Estado, y en especial por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poniendo a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a la altura de nuestra Ley Fundamental, nos marcan una impronta que no puede desconocerse a la hora del diseño de un nuevo sistema de justicia.

Si bien la labor de la jurisdicción resulta preponderante, sola podría resultar inocua: requeriría de todos los demás insumos que hacen a la eficacia de su operatividad, y todo ello se puede lograr a partir  del primer paso que ha dado el Ministerio de Justicia, abriendo las puertas a toda la comunidad para que se exprese al respecto, y lo continúe con el diseño de las políticas públicas que no se agoten en el simple dictado de un nuevo Código Procesal.

Que persigan su efectividad a través de los controles necesarios que apunten a la eficacia del sistema, a la preparación de los operadores jurídicos, a la implementación de métodos alternativos eficaces partiendo de la índole de los conflictos, a la generación de estadísticas apropiadas para el conocimiento adecuado de las falencias que pueda presentar el sistema, entre otros aspectos centrales que hacen al plan de reformas que se ha propuesto el Ministerio. Nuestro mejor deseo es que se pueda continuar con esta línea de trabajo, que no se puede ver agotada con la sanción de un nuevo Código Procesal para el ámbito civil.

El diseño de una política pública para el ámbito judicial debe incluir los procedimientos de control adecuados y la apertura de un diálogo fluido entre los operadores y usuarios del sistema que propenda a su continuo mejoramiento en aras al afianzamiento de la justicia como lo reclama el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.