Cómo es el sistema penal del Estado más pequeño del mundo

El Vaticano tiene muchas particularidades. Es el Estado independiente más pequeño del mundo, con solo 44 hectáreas (menos de 1 kilómetro cuadrado) y un poco más de 800 habitantes, pero a su vez es el más urbanizado ya que entre La Basílica y la Plaza de San Pedro, ocupan el 20% de su territorio.

Es el único Estado declarado por la UNESCO Patrimonio Universal de la Humanidad, y como su máxima autoridad es el Papa, también representa la única teocracia de Europa. Tiene una tasa de alfabetización del 100% y una de natalidad del 0%. A pesar de que no posee acceso directo al mar, al Vaticano le está permitida la navegación marítima con buques propios de bandera pontificia, en virtud de la Declaración de Barcelona de 1921. Un derecho que no ejerce.

En este marco, la justicia vaticana no podría no ser también algo particular. Si bien existen los tribunales diocesanos de la Iglesia Católica para juzgar asuntos religiosos, en los cuales se aplica el Código del derecho Canónico (por ejemplo en temas de validez o nulidad de un matrimonio) o el Tribunal de la Rota y la Penitenciaria Apostólica, que juzgan asuntos de conciencia, también tiene varios niveles para decidir sobre casos penales y civiles, con injerencia clerical.

Al haberse convertido en un Estado, en 1929, luego de los Pactos de Letrán (acuerdos firmados entre el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del papa Pío XI, y el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Victorio Emanuele III, que derivaron en la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia), el Vaticano ostenta personería jurídica internacional, lo que le permite firmar tratados, enviar y recibir representantes diplomáticos y promover normas jurídicas.

En la figura del Sumo Pontífice se unen el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, que son sujetos soberanos de derecho público internacional, universalmente reconocidos. El Papa, como jefe de Estado, tiene la plenitud de los poderes ejecutivo y judicial. Cuando no hay Papa, estos poderes  recaen en el Colegio de los Cardenales.

La Justicia en el Vaticano

Al tratarse de un Estado pequeño, la organización de la justicia del Vaticano es también pequeña. Según una ley del 21 de noviembre de 1987, existe un Juez Único, un Tribunal, una Corte de Apelación y una Corte de Casación, que actúan en nombre del Papa. Las competencias están reguladas por los códigos de procedimiento civil y penal, vigentes en el Estado (a diferencia de los tribunales propios de la Curia Romana con jurisdicción sobre asuntos de la Iglesia).

El poder de policía en el Vaticano lo ejercen unos 130 miembros de la Guardia Suiza Pontificia, que llevan a cabo labores ceremoniales y de vigilancia dentro del miniestado; y la policía uniformada, que es la responsable del tráfico y el control de frontera, además de las investigaciones criminales.

Los casos más frecuentes

El Vaticano, que no tiene cárcel, es la nación con mayor número de delitos por habitante del mundo, aunque la mayoría son faltas menores, que se dan en la plaza San Pedro o en los museos, contra turistas. Por ejemplo, en 2010, hubo 1300 delitos en total, sobre una población de 527 personas, lo que arroja 1,5 delitos per capita (20 veces más que en toda Italia). Y la problemática es compleja, ya que si un carterista roba una billetera, al tratarse de un Estado tan pequeño, en pocos metros, cruza la frontera con Italia, lo que ya dificulta su detención.

Casos sobre despidos, indemnizaciones y controversias laborales son los más habituales en el ámbito de la justicia civil. En lo penal, se abordan infracciones leves como multas de tráfico y robos menores.

Por acuerdo con el gobierno italiano, los robos a cargo de carteristas en la plaza de San Pedro se juzgan en tribunales de Italia, pero si el delito se cometió dentro de la basílica de San Pedro o en alguno de los museos, actúa el Tribunal del Vaticano. Por ejemplo, Ali Agca, el turco que trató de asesinar al papa Juan Pablo II en 1981, fue juzgado y sentenciado por una corte italiana luego de su captura en la plaza de San Pedro, y pasó 19 años en una cárcel italiana antes de ser deportado a Turquía.

Los casos más sencillos los resuelve el Juez Único. Por encima están, sucesivamente, el Tribunal del Vaticano y el Tribunal de Apelación, formados también por juristas. El Tribunal Supremo, en cambio, está formado por tres cardenales.

El primer caso penal

Pasaron 43 años desde la firma de los Pactos de Letrán, que reconocieron al Vaticano como un Estado, y por ende, con la posibilidad de administrar justicia, hasta que se celebró el primer proceso penal. Fue una acción contra siete ciudadanos italianos, todos telefonistas de la Santa Sede, acusados en 1972 del hurto de varios objetos preciosos, en complicidad con gendarmes pontificios. Los acusados habían entrado a varios departamentos del palacio apostólico, incluido el del entonces papa Paulo VI, y se llevaron pectorales, obras de arte, marfiles y medallas de oro acuñadas. Después de la sentencia en contra de los acusados, Paulo VI les concedió a los procesados la libertad provisional.

El mayordomo

Paolo Gabriele, mayordomo principal de Benedicto XVI, fue encontrado en posesión de más de mil documentos pertenecientes a la correspondencia privada del Papa. Fue detenido el 23 de mayo de 2012 y aunque la pena prevista para ese delito era de tres años, el buen comportamiento y la falta de antecedentes, le redujeron el castigo a sólo un año y medio. También recibió el perdón papal.

Desde que Francisco fue ungido Papa, la Santa Sede ha puesto los ojos sobre delitos crecientes en el Vaticano y otros que siempre eran mantenidos ocultos. El pontificado del argentino comenzó a ocuparse de los problemas más urgentes de la comunidad internacional, como la protección de los mercados financieros, el lavado y la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, que encontraban en el Vaticano una especie de paraíso fiscal.

El Vaticano también se comprometió a adoptar una serie de medidas para la adaptación y la recepción de los requisitos específicos de la Unión Europea y  la identificación de delitos inéditos para el Estado pontificio como los de discriminación racial, trata de personas, tortura, delitos contra los niños (venta de niños, la inducción o la gestión de la prostitución infantil, la violencia sexual, la pornografía infantil, el reclutamiento de niños), crímenes contra la humanidad (genocidio y otros crímenes contra la población civil).